Más de 10,000 personas de América Latina decidieron regresar a casa desde 2018 con el programa de retorno voluntario asistido de la OIM

Más de 10.000 personas migrantes y en otras situaciones de movilidad se han acogido desde su lanzamiento en 2018 al programa regional de Retorno Voluntario Asistido (RVA) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM / ONU Migración) para regresar de manera segura, ordenada y digna a sus países. Hasta el 15 de diciembre pasado la cifra de retornos era de 10,501 personas.  

La mayoría de las personas que optaron por este programa de protección ofrecido por la OIM fueron de Honduras, 5,809, o el 58 por ciento del total, seguidas de personas migrantes de El Salvador, con 1,510 (15 por ciento), Guatemala, con 805, (8 por ciento) y Venezuela, con 549 personas (5 por ciento), seguidas de otros países con porcentajes inferiores. Venezuela se sumó al programa apenas en 2022. 

La mayor parte de los retornos se realizaron desde México, con 6,324 casos (63 por ciento), seguido por los que empezaron en Guatemala, con 2,325, (23 por ciento), Belice, con 375 (4 por ciento), Honduras y Panamá, con 341 y 283 respectivamente (3 por ciento en cada caso), y El Salvador, con 241 casos (2 por ciento). 

Otros países desde los que se realizaron operaciones RVA en porcentajes de participación más bajos fueron Colombia, Costa Rica, Ecuador, Argentina y Perú, por ese orden. 

“Este programa es muy necesario en una región donde cada vez hay más personas migrantes varadas quienes no tienen los recursos para regresar a sus comunidades, y algunas que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad. Lo que hace la OIM es una asistencia basada en el consentimiento de la persona y en una decisión informada. Muy distinta a la deportación, en este programa se realiza una evaluación caso por caso de las necesidades de las personas y se prioriza la protección de aquellas en situaciones de vulnerabilidad”, dijo Alejandra Gómez, Coordinadora Regional del programa de Retorno Voluntario Asistido (RVA).  

De las más de 10,000 personas que se acogieron a esta iniciativa humanitaria un 46 por ciento fueron varones adultos, un 25 por ciento, mujeres adultas, a los que hay que sumar un 16 por ciento de niños y un 13 por ciento de niñas. 

El programa regional de RVA es una respuesta de protección y apoyo de la OIM para facilitar el retorno digno, seguro, regular y ordenado, y la participación de las personas en él está basada en una decisión informada de cada persona en el país donde se encuentren. 

Sus beneficiarios son personas migrantes, personas solicitantes de refugio que han desistido de sus procesos o a quienes se les han rechazado sus solicitudes, personas en situación de vulnerabilidad, como las víctimas de trata de personas o de tráfico ilícito de migrantes, así como niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados de sus familias.   

Regido por diez principios rectores1 y apegado a un protocolo de elegibilidad que determina que solo pueden regresar a sus países aquellas personas migrantes sin amenazas a su vida y a su integridad, el programa regional RVA opera actualmente en once países de Latinoamérica: Belice, Ecuador, El Salvador, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, y Venezuela. 

Impulsada a partir de dos documentos internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), esta iniciativa humanitaria prioriza la protección de las personas migrantes en la toma de decisión y durante el proceso de retorno, que en todo momento es voluntario y gratuito. 

Además, se basa también en el Objetivo 21 el Pacto Mundial para la Migración, donde los países firmantes de este marco de cooperación en materia migratoria decidieron “colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como la reintegración sostenible”. 

Adoptado en 2018 el Pacto Mundial es primer acuerdo global para ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y proteger a las personas migrantes en situación irregular. No es legalmente vinculante, respeta la soberanía de los Estados para gestionar sus fronteras y sus políticas migratorias, y plasma el compromiso de los países que lo han suscrito para salvar vidas de personas migrantes. 

Naciones Unidas considera que la migración que cruza fronteras es, por definición, un fenómeno internacional y que para gestionar con efectividad esta realidad global es necesaria la cooperación para ampliar el impacto positivo para todas las personas.