El Comité de Trabajadores Migrantes expresó su preocupación por el impacto en los derechos humanos del estado de excepción establecido en El Salvador hace más de un año, recordando que si bien las pandillas que operan en el país plantean un grave problema de seguridad, las modalidades del régimen de excepción limitan, entre muchas otras cosas, el trabajo de los defensores de las garantías fundamentales, las protestas sociales y los espacios de diálogo, además de afectar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad. El Comité divulgó este jueves un informe con los hallazgos y recomendaciones resultados de su examen periódico de El Salvador. Al abordar su tema de especialidad, el Comité subrayó su preocupación por el limitado acceso a la justicia de los trabajadores migratorios y recomendó al país adoptar las medidas necesarias para garantizar el pleno disfrute de los derechos de esos trabajadores en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos y referentes a los trabajadores de los que forma parte. El informe indicó que el país no cuenta con un sistema unificado de datos relacionados con la migración capaz de proporcionar información basada en evidencia y actualizada de manera oportuna, lo que dificulta el monitoreo y protección de los derechos de esas personas. En este punto, recomendó a El Salvador establecer un sistema nacional unificado que reúna de forma sistemática, fiable y eficiente datos sobre la situación de los trabajadores migratorios y sus familias. El Comité también planteó la falta de políticas públicas o estrategias específicas “para combatir crímenes de odio, violencia, xenofobia y discriminación contra trabajadores migrantes y sus familias” y añadió que a pesar de que existen ciertos apartados en la legislación sobre igualdad de condiciones de las personas en el territorio, en la práctica hay un tratamiento diferenciado a la población migrante, por lo que pidió al país que esforzarse para que todos los trabajadores migratorios y sus familiares en su territorio o sujetos a su jurisdicción gocen de los derechos reconocidos en la ley internacional sin ningún tipo de discriminación. Por otra parte, detalló el limitado acceso a la justicia de los trabajadores migratorios, independientemente de su estatus, debido al desconocimiento de los recursos administrativos y judiciales de que disponen para presentar denuncias y recibir reparaciones efectivas, y debido a la desconfianza hacia las autoridades nacionales, ya que con el estado de excepción, el gobierno otorgó a la Policía Nacional Civil y a las Fuerzas Armadas, mayores facultades para usar la fuerza contra presuntos pandilleros, y al Poder Judicial mayor margen para señalarlos y perseguirlos como posibles sospechosos. Frente a este escenario, pidió facilitar el acceso a la justicia de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, eliminando los obstáculos que impiden la denuncia de abusos y violaciones; así como emprender campañas de información sobre los recursos administrativos y judiciales disponibles para denunciar y recibir reparaciones. En cuanto a los casos de migrantes desaparecidos, fallecidos o víctimas de delitos en los países de tránsito o de destino, el Comité lamentó que las víctimas y sus familiares no hayan sido informados de los resultados de la investigación e insistió en que El Salvador debe fortalecer el acceso a la justicia, incluyendo mecanismos de justicia transnacional, para migrantes y familiares en casos de desaparición, fallecimiento o sufrimiento de algún delito, garantizando su derecho a la verdad y medidas de reparación. El Comité apuntó que no existe en el país la figura de la detención migratoria, pero sí la de “detención administrativa” y expresó preocupación por las condiciones y la duración en que se utiliza, llamando a asegurar el derecho a la libertad de las personas migrantes en el marco de los procedimientos migratorios, y en caso de ser necesario, adoptar alternativas a la detención administrativa en el marco del procedimiento de ingreso al país o de deportación o expulsión del territorio nacional. También planteó que, si como medida excepcional se recurriera a la detención migratoria, se garanticen condiciones adecuadas y decentes en los lugares en los que se realiza, por el plazo menor posible y en un lugar separado de quienes estén siendo investigados penalmente.

(13 de abril, 2023) La sexta reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, en la que autoridades y representantes de los gobiernos, del Sistema de las Naciones Unidas, organismos internacionales, sector privado, academia y sociedad civil revisarán los avances y desafíos de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la región, se realizará del 25 al 28 de abril en la sede de la CEPAL en Santiago, Chile. El Foro regional -que se realiza anualmente desde 2017- busca proporcionar a los responsables de la implementación de la Agenda 2030 en los países un espacio propicio para el aprendizaje entre pares a través de un conjunto de sesiones interactivas en las que, mediante la discusión de experiencias y metas comunes, se identifiquen buenas prácticas que permitan a los países miembros del Foro ofrecer recomendaciones y presentarlas al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, mecanismo global de seguimiento de la Agenda 2030 que sesiona cada mes de julio en Nueva York bajo los auspicios de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social (ECOSOC). Este sexto encuentro intergubernamental será inaugurado el miércoles 26 de abril a las 8.30 a.m. hora de Santiago de Chile (GMT-4) por Santiago Cafiero, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, país que ejerce la presidencia de la CEPAL en el bienio 2022-2024; Amina Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas; Paula Narváez, Representante Permanente de Chile ante las Naciones Unidas, en su calidad de Vicepresidenta del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Será precedido por una reunión del mecanismo de participación de la sociedad civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible y en el Foro, y por el encuentro de la Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe, a realizarse ambos el martes 25 de abril. En el marco del Foro, José Manuel Salazar-Xirinachs presentará el documento titulado “América Latina y el Caribe en la mitad del camino hacia 2030: avances y propuestas de aceleración”, sexto informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, preparado por la Secretaría (ejercida por la CEPAL), en el que se examinan la evolución y el estado actual del avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, 7, 9, 11 y 17, así como la proyección de su cumplimiento en 2030. La reunión contempla intervenciones de los representantes de los países de América Latina y el Caribe en dos sesiones tituladas “Acelerar la recuperación después de la pandemia de COVID-19 y la plena implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a todos los niveles”; y “Estrategias para el avance de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Caribe”. Además, se han organizado cinco mesas de diálogo en que los países miembros del Foro y otros actores podrán dar a conocer y compartir sus experiencias y desafíos en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en las siguientes áreas: Agua limpia y saneamiento (ODS 6); Energía asequible y no contaminante (ODS 7); Industria, innovación e infraestructura (ODS 9); Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11); y Alianzas para lograr los Objetivos (ODS 17). Finalmente, el viernes 28 de abril se realizará una mesa redonda de alto nivel titulada “Camino a la Cumbre de los ODS. Iniciativas transformadoras: creación de oportunidades para reforzar el compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su plena implementación a todos los niveles”, en la cual personalidades y autoridades de la región debatirán sobre las iniciativas transformadoras para enfrentar los desafíos mundiales y crear oportunidades para reforzar el compromiso con la Agenda 2030 y acelerar su plena implementación, con miras a la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (que se realizará el 19 y 20 de septiembre 2023 en el marco del segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU). El programa completo de la sexta reunión del Foro está disponible en el sitio web especial del encuentro: https://foroalc2030.cepal.org/2023/es Se invita a los periodistas y representantes de la prensa que deseen asistir al evento de manera presencial registrarse en este formulario: https://eventos.cepal.org/event/102/ . Recibirán un correo electrónico automático una vez que su inscripción haya sido aceptada.   Las actividades oficiales del evento podrán ser seguidas también virtualmente en vivo a través del sitio web de la reunión, del portal de internet oficial de la CEPAL www.cepal.org, la página https://live.cepal.org/ y las cuentas institucionales en Twitter (https://twitter.com/cepal_onu) y Facebook (https://www.facebook.com/cepal.onu).   Más información: Sexta reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. Programa completo de la reunión. Kit de prensa. Registro para periodistas y representantes de los medios de comunicación. Video sobre el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2023.

Abordar la desigualdad de género en los sistemas agroalimentarios y cambiar el papel de la mujer en el sector reduce el hambre, estimula la economía y refuerza la resiliencia ante crisis tales como el cambio climático y la pandemia del COVID-19, según revela un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El documento La situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios, el primero de este tipo desde 2010, no se limita a la agricultura, sino que ofrece un panorama completo de la situación de las mujeres que trabajan en los sistemas agroalimentarios, abarcando desde la producción hasta la distribución y el consumo. “Las mujeres se desempeñan como productoras, empresarias, vendedoras, trabajadoras y también como consumidoras. Entonces, participan en todas las dimensiones que forman parte de los sistemas agroalimentarios”, declara el director del Departamento de Transformación Rural Inclusiva e Igualdad de Género de la FAO, Benjamin Davis. La Organización destaca que los sistemas agroalimentarios son una importante fuente de trabajo a nivel mundial: el 36% de las mujeres que trabajan están empleadas en el sector, una cifra que alcanza el 38% en el caso de los hombres. Ante la pregunta de por qué se habla de desigualdad en el sector, con una cifra tan pareja, el director explica que el trabajo de las mujeres está menospreciado y sus condiciones laborales tienden a ser peores que las de los hombres. “En general, las mujeres tienen un trabajo más informal, es más precario, a tiempo parcial, de escasa cualificación y es más laborioso, y finalmente peor pagado. Otro elemento de la desigualdad es la mayor carga como cuidadoras no remuneradas y el trabajo doméstico, que a nivel mundial es tres veces más alto para las mujeres, ahí es donde está la desigualdad”. En concreto, el informe destaca que las asalariadas en la agricultura ganan 82 céntimos por cada dólar que reciben los hombres. La razón no solo está ligada a la segregación ocupacional y la precariedad de las condiciones laborales antes mencionada; “otra razón es la discriminación a la que se enfrentan las mujeres, simplemente las pagan menos por el mismo trabajo. Y eso es muy común en muchos contextos”, añade Benjamin Davis. Las mujeres también tienen menos acceso a la posesión de la tierra, al crédito, a la formación y a las nuevas tecnologías. Junto con la discriminación, estas desigualdades dan lugar a una brecha de género del 24% en la productividad entre mujeres y hombres agricultores para explotaciones de igual tamaño. Benjamin Davis explica que abordar las desigualdades de género en los sistemas agroalimentarios tendría muchas consecuencias en la vida cotidiana de las familias y de las comunidades, y que las mujeres tendrían un papel protagonista dentro de la vida colectiva. “También hicimos un cálculo en términos económicos de que, si se cerrara la brecha de género de la en la productividad agrícola y si se suprimiera la diferencia salarial existente en los sistemas agroalimentarios, el producto interior bruto mundial aumentaría en un 1%, es decir, un billón de dólares. Y con ello, la inseguridad alimentaria mundial se reduciría alrededor de 2 puntos porcentuales y el número de personas con inseguridad alimentaria se reduciría en 45 millones, y eso solamente un cálculo conservador, en el sentido de que no se calcula su impacto a largo plazo”, añade el director. A su vez, los beneficios de los proyectos que empoderan a las mujeres son mayores que los de los que se limitan a tener en cuenta las cuestiones de género. Los autores del informe explican que, si la mitad de los pequeños productores contaran medidas centradas en el empoderamiento de las mujeres, se produciría un aumento significativo de los ingresos de otros 58 millones de personas y de la resiliencia de otros 235 millones. © FAO/Vyacheslav Oseledko En el documento también se señala que, cuando las economías se contraen, los puestos de trabajo de las mujeres son los primeros en desaparecer. A escala mundial, el 22% de las mujeres de los segmentos de los sistemas agroalimentarios que se desarrollan fuera de la explotación agrícola perdieron su empleo en el primer año de la pandemia de la COVID-19, frente al 2% de los hombres. Durante la pandemia aumentó también más rápidamente la inseguridad alimentaria de las mujeres, que además tuvieron que asumir más responsabilidades de cuidado, lo que supuso que las niñas faltaran más a clase que los niños. Igualmente, el informe indica que las mujeres son más vulnerables a las perturbaciones climáticas y los desastres naturales, debido a que “tienen recursos y activos más limitados que reducen su capacidad de adaptación y resiliencia”. En cuanto a la situación de América Latina, Benjamin Davis destaca que la brecha de género es más importante en el proceso de transformación de la producción agrícola en productos de consumo debido al nivel de desarrollo de la región y al número de empleos en los sectores secundario y terciario. “En el continente de latinoamericano, la situación es bastante parecida diría al escenario que he descrito en términos a globales, en el sentido de que hay mucha desigualdad en las condiciones de empleo para las mujeres en América Latina, de nuevo en términos de la informalidad y la naturaleza precaria, y siendo menos pero pagado. La diferencia sería que, en los países en América Latina, la agricultura juega un papel menor en las economías, entonces hay menos mujeres, en términos porcentuales, que están trabajando en el sector agropecuario”. Sin embargo, el director ha denunciado la situación de la de la población indígena en el continente, y en concreto de las mujeres indígenas: “sufren una doble discriminación, por ser indígenas y por ser mujeres. Y esto tiene implicaciones muy importantes para la vida de ellas y de sus familias”.   El informe concluye que, aunque en la última década los marcos políticos nacionales han pasado a tener más en cuenta las cuestiones de género, la desigualdad de género en los sistemas agroalimentarios persiste, en parte porque las políticas, las instituciones y las normas sociales discriminatorias siguen limitando la igualdad de oportunidades y de derechos a los recursos. Para acabar con la desigualdad de género, hace falta subsanar las carencias relacionadas con el acceso a activos, tecnología y recursos. En el estudio se pone de manifiesto que las intervenciones para mejorar la productividad de las mujeres consiguen buenos resultados cuando abordan las cargas de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados, proporcionan educación y formación, y facilitan la posesión de la tierra. En este sentido, Benjamin Davis destaca la importancia de adoptar políticas enfocadas en cambiar las normas sociales que tienden a restringir la posibilidad de las mujeres de trabajar en el mercado laboral. “También es muy importante mejorar los derechos de las mujeres a la propiedad y la tenencia segura de tierras agrícolas, que influye muy positivamente sobre el empoderamiento, la inversión, la gestión de los recursos naturales y el acceso a servicios e instituciones y también ayuda en términos de aumentar su poder de negociación”. El director hizo referencia a cómo el acceso a guarderías también tiene un notable efecto positivo en el empleo de las madres, mientras que los programas de protección social han demostrado aumentar el empleo y la resiliencia de las mujeres. “Y por último, es muy importante un esfuerzo mayor para tener información estadística desagregada por género para poder medir el empoderamiento en sus múltiples dimensiones y mejorar el diseño y la eficacia de los programas y las políticas en materia de igualdad de género y empoderamiento”, añadió Davis. En un último mensaje a los Estados en América Latina declara que para cerrar la brecha de género hace falta voluntad política. “Sería importante pasar de las palabras a los hechos. Ha habido un aumento de la mención de la inclusión, de la cuestión de género en muchas políticas, muchos documentos, etcétera. Pero relativamente pocos programas y políticas específicas dirigidas a atender esas desigualdades”. El informe concluye que la reducción de las desigualdades de género en los medios de vida, la mejora del acceso a los recursos y el fomento de la resiliencia constituyen una vía fundamental hacia la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y unos sistemas agroalimentarios más justos y sostenibles. “Si abordamos las desigualdades de género en los sistemas agroalimentarios y empoderamos a las mujeres, el mundo dará un salto adelante en la consecución de los objetivos de poner fin a la pobreza y crear un mundo sin hambre”, afirma el director general de la FAO, QU Dongyu, en el documento. “Las mujeres siempre han trabajado en los sistemas agroalimentarios. Es hora de que hagamos que los sistemas agroalimentarios funcionen para las mujeres”, declaró.  

Monterrey, Nuevo León, 12 de abril de 2023.- La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR y el Tecnológico de Monterrey firmaron un acuerdo para fortalecer la relación entre ambas instituciones y propiciar el desarrollo conjunto de actividades académicas, de capacitación y de inclusión social de las personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas y en contexto de movilidad. En el marco de este acuerdo, el Tecnológico de Monterrey considera la incorporación con la asesoría técnica del ACNUR de tópicos, asignaturas o contenidos sobre derecho internacional de refugiados y protección internacional, así como también de desarrollo de comunidades de acogida. Además, establece la flexibilización de los mecanismos y políticas de admisión de acuerdo con la legislación nacional. ACNUR y el Tecnológico de Monterrey han trabajado en conjunto en favor de las personas refugiadas en México a través de múltiples actividades. Tan solo en Nuevo León el año pasado se llevaron a cabo cinco proyectos conjuntos, varios de ellos dentro de la “Semana Tec con sentido humano” que culminaron en proyectos específicos como la producción de  documentales cortos que cuentan historias de quienes dejaron todo atrás y encontraron en México un nuevo hogar; asimismo, han incluido a estudiantes en el mundo humanitario a través de su servicio social. La firma de este acuerdo marca un paso significativo en la alianza formada, al demostrar el compromiso compartido de promover la integración y el bienestar de las personas refugiadas en su nueva comunidad. Giovanni Lepri, representante del ACNUR en México, resaltó que “iniciativas como ésta confirman que efectivamente con la innovación, la academia y el trabajo conjunto podemos cambiar las cosas para mejorar la vida de las personas desplazadas de manera forzada”. Al mismo tiempo, se buscará el desarrollo de actividades formativas, académicas o de inmersión social, como pueden ser investigaciones basadas en evidencia, servicio social, prácticas profesionales, proyectos de emprendimiento o consultoría a nivel nacional. Por su parte, David Garza Salazar, rector y presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey, afirmó que “con este convenio buscamos, a través de nuestras actividades académicas, de capacitación y de inclusión social, contribuir a los derechos de los refugiados y fomentar la construcción de condiciones que mejoren la integración de las comunidades desplazadas. Confiamos en que, con la participación de todos, podremos impulsar la construcción de una comunidad más incluyente y espacios más igualitarios, libres de discriminación”. La firma de este acuerdo marca un paso significativo en la alianza formada, al demostrar el compromiso compartido de promover la integración y el bienestar de las personas refugiadas en su nueva comunidad  © Foto cortesía Tec de Monterrey A la par, se llevó a cabo el conversatorio “El rol de las universidades ante los desafíos humanitarios”, en el que Inés Sáenz, vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del Tec de Monterrey y Giovanni Lepri, representante de ACNUR en México, dialogaron acerca de la contribución de las universidades en la creación de soluciones duraderas al fenómeno del desplazamiento forzado, así como las oportunidades que la inclusión y la diversidad generan en materia de desarrollo nacional. Al referirse a la importancia de la participación del área educativa en estos temas, Inés Sáenz señaló que “hoy más que nunca las universidades no pueden quedarse ajenas a la agenda global, sino todo lo contrario. Las universidades tienen el compromiso de participar de forma crítica pues el conocimiento es el camino a la inclusión. Hoy el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana hace posible esta alianza con ACNUR con el propósito de seguir trabajando por ser una universidad sostenible, diversa e incluyente”. El total de personas que han sido desplazadas contra su voluntad representaría el país número 16 en términos poblacionales (por encima de Vietnam y Turquía), por eso la visión compartida de ambas instituciones es indispensable para  restituir los derechos de todas esas personas. Descarga material fotográfico en:  https://drive.google.com/drive/folders/1DdDEnrbDaL8fSJqBYjIEEIWZT114iJnM Acerca del ACNUR en México: El ACNUR apoya los esfuerzos del Gobierno de México de salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas que se han visto obligadas a huir de sus países. Trabaja en asegurar que las personas que huyen de la violencia y persecución tengan derecho a recibir protección y solicitar asilo. Asimismo, ofrece soluciones duraderas que fomentan la integración en el país a partir de alianzas con socios y comunidades de acogida. Acerca del Tecnológico de Monterrey: El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es un sistema universitario multicampus privado y sin fines de lucro. Desde su fundación en 1943, se ha destacado por su excelencia académica, la innovación educativa, el emprendimiento y la visión global, así como por su vinculación con la industria y empleadores, y su gran capacidad de ejecución. Cuenta con campus en 28 ciudades de México; una matrícula de más de 67 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil profesores; además de más de 26 mil alumnos de preparatoria y de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World University Rankings (2023), se encuentra en la posición 170, ubicándose en el lugar 30 entre las universidades privadas del mundo; y en el QS Graduate Employability Rankings (2022) como la número 1 en América Latina y la 26 del mundo. En el Times Higher Education Latin America University Rankings (2022), se sitúa como la 1 de México y 5 en América Latina; siendo además la única universidad fuera de EE. UU. en el Top Schools for Entrepreneurship Ranking (2023) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 4 en programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Pertenece a diversas redes de prestigio internacional como la Asociación de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) y The Worldwide Universities Network (WUN), entre otras. Para más información consulte con: ACNUR Stephanie Galeana
Asociada de Comunicación ACNUR México, Monterrey
Teléfono: 81 2921 6878
galeanar@unhcr.org Tecnológico de Monterrey  Aída Fuentes 55 27 37 33 63 aida.fuentes@tec.mx Cuadrante, Estrategia y Comunicación  Alejandro Luna  55 1395 8147 aluna@cuadrante.com.mx