"Condeno el asesinato de Marco Aurelio Ramírez. La violencia dirigida contra periodistas de investigación sólo por hacer su trabajo priva a la sociedad del derecho a una información libre e independiente. Hago un llamamiento a las autoridades para que investiguen este crimen y lleven a los autores ante la justicia", mencionó Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO.  El periodista recibió al menos cinco disparos cuando se alejaba de su domicilio en la ciudad de Tehuacán, en el estado de Puebla. Ramírez era periodista de investigación desde hacía casi tres décadas y había trabajado para varios medios de comunicación locales, entre ellos Periódico Central y Central Puebla. En el momento de su muerte, presentaba un programa matinal en la emisora de radio Stereo Luz FM. También había trabajado anteriormente como funcionario público. La UNESCO promueve la seguridad de los periodistas mediante campañas mundiales de sensibilización, programas de formación y a través del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad.  

María-Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, visitó México para participar en el diálogo "Mujeres de América por los derechos y el bienestar", evento auspiciado por el Gobierno de la Ciudad de México en alianza con Prisa y la Oficina Regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. El objetivo del evento fue resaltar el rol político y liderazgo de las mujeres en esta región y los desafíos que enfrentan para participar en la vida pública y contribuir al logro de los objetivos trazados en la agenda 2030. Durante una entrevista con ONU Noticias, la señora Vaeza compartió los objetivos y las acciones que se están llevando a cabo desde ONU Mujeres para promover la participación política y la autonomía económica de las mujeres en la región. En la entrevista, María-Noel destacó la importancia de alzar la voz para aumentar la participación política y económica de  las mujeres, eliminar la violencia de género y promover la agenda de mujeres, paz y seguridad. Señaló que la prioridad regional es contribuir a la construcción de la sociedades del cuidado. Vaeza mencionó que ONU Mujeres tiene alianzas con medios de comunicación, como el diario El País, medio del Grupo Prisa, con el objetivo de trabajar en conjunto para tratar el tema de igualdad de género de manera adecuada. Destacó la importancia de establecer capacitaciones para las y los periodistas y eliminar sesgos para tener coberturas mediáticas con perspectiva de género. El evento en México contó con la participación de destacadas mujeres en posiciones de poder, como la Vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como la vicepresidenta de Uruguay, la vicepresidenta de España, la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet y la presidenta del Banistmo en Panamá, entre otras. El diálogo permitió abordar temas como la experiencia de las mujeres en el ejercicio del poder y la toma de decisiones. En cuanto a las acciones para impulsar el reconocimiento y protección del derecho al cuidado, Vaeza mencionó que ONU Mujeres ha priorizado la creación de sistemas integrales de cuidado público, privado, comunitario y mixto. Destacó que el gran problema que enfrentan las mujeres en la región es la falta de tiempo debido a la carga desproporcionada de trabajo de cuidados no remunerado que realizan. La directora regional subrayó la importancia de la corresponsabilidad de los hombres en el hogar y la necesidad de establecer un equilibrio en las tareas de cuidados. También mencionó la creación de empleos en la economía del cuidado, la necesidad de certificación profesional para las cuidadoras y la importancia de regular y garantizar trabajos de calidad en este sector. Vaeza enfatizó que el establecimiento de un sistema integral de cuidados permitiría que las mujeres tengan más tiempo para trabajar, lo cual tendría un impacto positivo en las familias, las comunidades y el desarrollo de los países. Además, destacó que las mujeres que reciben recursos de su trabajo tienden a invertirlos en sus familias, lo que contribuye a su bienestar y al crecimiento de la sociedad. Las acciones impulsadas por ONU Mujeres en colaboración con gobiernos y medios de comunicación buscan avanzar hacia una sociedad más igualitaria y justa para todas las personas.  

Ciudad de México.- La niñez y adolescencia migrante es uno de los grupos de población en condiciones de mayor vulnerabilidad, al cual generalmente se le niega el acceso a la educación (comunitaria o escolarizada) y, en consecuencia, a un espacio seguro y protector en donde se les brindan herramientas y habilidades fundamentales para la vida, así como oportunidades para un presente y un futuro mejor. Aunque son las mismas condiciones de movilidad las que hacen indispensable un ejercicio estandarizado que permita identificar las barreras que enfrentan las niñas, niños y adolescentes migrantes y sus familiares para ejercer plenamente su derecho a la educación, en el país hay pocos estudios al respecto. Tampoco se cuenta con datos estadísticos o sistemas de información que den seguimiento a las solicitudes de acceso ni a las trayectorias educativas de esta población, lo cual imposibilita la toma de decisiones sobre cómo mejorar sus necesidades educativas. Por ello, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México, UNICEF, y la Secretaría de Educación Pública, con apoyo del Fondo Conjunto México Alemania (FCMA), desarrollaron el diagnóstico “Infancias en movilidad y barreras para su educación” que arroja información a nivel federal y en 4 estados de la República: Baja California, Chihuahua, Chiapas y Puebla. “Independientemente de su situación migratoria, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación, lo cual se estipula en instrumentos internacionales que México ha ratificado, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el marco jurídico nacional”, señaló Maki Kato, Representante Adjunta de UNICEF en México, quien resaltó “que es una responsabilidad compartida el garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción, tengan ese derecho cumplido”. Según datos obtenidos del diagnóstico, 86% del personal educativo percibe que el presupuesto asignado a las escuelas es insuficiente para atender las necesidades educativas de niñas, niños y adolescentes migrantes. Por su parte, 71% del personal educativo señala que conoce la Normativa de Acceso y Control Escolar de la SEP (las cuales establecen los requisitos para la inscripción en las escuelas), sin embargo, únicamente 2 de cada 10 personas encuestadas pudieron describir sus componentes. Este desconocimiento de la Normativa se suma a la escasa información sobre la oferta educativa y la forma de acceder a la educación a la que tienen acceso madres, padres y personas cuidadoras de niñas, niños y adolescentes migrantes; incluso nacionales, quienes se enfrentan también a estas barreras. Además, en el estudio las familias señalan sentir miedo por la inseguridad y los riesgos fuera de los albergues, por lo que salir a la escuela no es una opción. Las familias priorizan necesidades como la seguridad, los recursos económicos y la vivienda, dejando en último lugar la educación. El estudio indica que, 40% del personal educativo considera que niñas, niños y adolescentes migrantes sufren discriminación en la escuela y recomienda visibilizar la situación específica de las niñas y adolescentes migrantes que enfrentan estereotipos de género, los cuales privilegian que desempeñen labores de cuidado, antes que su educación. En resumen, algunas de las principales barreras identificadas por el diagnóstico que persisten desde la oferta educativa, son las siguientes: solicitud de documentación de identidad o antecedentes escolares al momento de solicitar ingreso a una escuela (sin embargo, de acuerdo con la normativa de la SEP, esto no debe limitar el acceso a los servicios educativos); solicitud de cuotas escolares o gastos de transporte, uniformes o materiales escolares; poca difusión y conocimiento de la Normativa de Acceso y Control Escolar; y discriminación y manifestaciones de violencia y xenofobia en las comunidades y escuelas de acogida. Por su parte, algunas de las barreras identificadas desde la demanda por parte de las familias son las siguientes: miedo a detenciones arbitrarias por autoridades migratorias; falta de recursos económicos para cubrir costos solicitados por las escuelas; falta de información sobre la oferta educativa existentes y cómo acceder a ellas; y la priorización del trayecto migratorio y estancias cortas que desmotivan la incorporación a la oferta educativa escolarizada. México tiene las herramientas para mejorar las condiciones de atención educativa, cobertura y calidad de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes migrantes durante su estancia y su trayecto por el país. “El esfuerzo colaborativo entre UNICEF México, la SEP y la Cooperación Técnica Alemana – GIZ ha permitido atender y proteger los derechos de cientos de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad. Si logramos adoptar las recomendaciones que hace este diagnóstico, podríamos conseguir un cambio significativo en sus vidas al fomentar acciones para reducir la discriminación en las comunidades de acogida y garantizar que niñas y adolescentes tengan las mismas oportunidades de continuar estudiando que los varones,” indicó Jerome Martin, Asesor técnico del Fondo Conjunto México Alemania. Durante la presentación oficial de este diagnóstico, Raúl Álvarez Villaseñor, Director General de Operación de Proyectos en México en representación de la AMEXCID, destacó que “el acompañamiento otorgado al proyecto se enmarca en las labores que apoyan las acciones para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Asimismo, agregó que, para el Gobierno de México, las políticas migratorias deben atender sus causas, así como los derechos al trabajo, la vivienda, la seguridad, la salud y, particularmente, la educación”.

Roma.- El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) ha emitido hoy su mayor colocación privada (115 millones de euros) en favor de Amundi Asset Management y con miras a aumentar la financiación destinada a la transformación rural sostenible e inclusiva. El FIDA es una institución financiera internacional y un organismo especializado de las Naciones Unidas con sede en Roma, centro de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura. Amundi es la empresa europea más grande de gestión de activos y una firme defensora de las inversiones responsables. Con la emisión de este bono a 15 años, el FIDA culmina su plan de financiación para 2023. Los fondos, junto con las contribuciones de los Estados Miembros del FIDA, respaldarán el programa de inversiones de la institución previsto para el trienio 2022-2024, que va dirigido a las zonas rurales de más de 90 países en desarrollo y cuyo valor total asciende a 3 500 millones de dólares estadounidenses. Esta emisión facilitará el acceso de los pequeños productores a los mercados para vender productos locales, contribuirá al desarrollo de las cadenas de valor agropecuarias, y a la difusión e implantación de técnicas agrícolas resilientes al clima. La rehabilitación de tierras y la protección de zonas costeras frente a fenómenos meteorológicos extremos, la promoción de dietas nutritivas y sostenibles, y la mejora del acceso de las mujeres a los recursos financieros y su participación en los procesos decisorios, son otras áreas de trabajo relacionadas con la emisión del bono. “Es una enorme satisfacción para nosotros haber podido culminar el plan de financiación para 2023 tan pronto este año, y nos sentimos orgullosos de la asociación forjada con Amundi, pionera en la integración de la gobernanza, las cuestiones sociales y el medio ambiente en el proceso de inversión, y firme partidaria de la incorporación de dichos criterios en las decisiones de inversión como motor de rendimiento financiero a largo plazo. Esta operación es un ejemplo más de cómo dos instituciones con intereses afines pueden superar las dificultades que plantean las condiciones del mercado”, declaró Natalia Toschi, Jefa de la Unidad de Captación de Fondos del FIDA. La inversión coincide con la inminente reunión de líderes mundiales en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, que se celebrará en París los días 22 y 23 de junio para debatir sobre la reforma de la arquitectura financiera mundial y destinar más fondos a los países más pobres del mundo para que puedan financiar las iniciativas climáticas y sus programas de desarrollo. Unos 3 000 millones de personas que viven en el medio rural de los países en desarrollo dependen en gran medida de sistemas de producción en pequeña escala para obtener sus alimentos y medios de vida. Los pequeños productores producen un tercio de los alimentos que se consumen en todo el mundo y más del 70 % de los que se consumen en los países de ingreso bajo y mediano. Pese a su contribución esencial a la seguridad alimentaria mundial, a menudo sufren pobreza y hambre. Alrededor de un 80 % de la población que se encuentra en situación de pobreza extrema vive en las zonas rurales. El número de personas que padecen hambre ha aumentado en los últimos años y en 2021 alcanzó, aproximadamente, unos 828 millones de personas. Nota para los redactores: Tras haber obtenido dos calificaciones crediticias de AA+ en 2020, el FIDA emitió su primer bono sostenible en junio de 2022 en el marco de una estrategia orientada a estudiar nuevos modelos de financiación para destinar más recursos a las poblaciones vulnerables de los países de ingreso bajo y mediano. Fue el primer fondo de las Naciones Unidas y el único de sus organismos especializados, aparte del Grupo Banco Mundial, en operar en los mercados de capital.