CIDH y ONU Derechos Humanos: Proteger a las personas defensoras de derechos humanos es un deber de los Estados

Desde la adopción de la Declaración se han implementado acciones e iniciativas orientadas a la protección de las personas que defienden derechos humanos, tales como el establecimiento de mecanismos de protección, la adopción de registros estadísticos sobre ataques, la creación de unidades especializadas y protocolos para investigar delitos y algunos marcos nacionales de protección. Sin embargo, los desafíos persisten y la defensa de los derechos humanos continúa siendo una actividad que conlleva altos riesgos.

Los alarmantes niveles de violencia en contra de personas defensoras, incluyendo el mayor número de asesinatos a nivel mundial, son una clara muestra de los riesgos que enfrentan por ejercer su labor.

Es también preocupante el incremento de la criminalización y el hostigamiento de los cuales son víctimas a través de acciones judiciales infundadas que buscan obstaculizar su labor y que representan una grave amenaza a su libertad personal, su integridad psicológica y la seguridad de sus familias. La instrumentalización de procesos legales bajo cargos infundados, en algunos casos utilizando tipos penales ambiguos como medio de intimidación y represión, es una práctica cada vez más recurrente, que socava gravemente el Estado de derecho y los principios democráticos. Estas prácticas también envían un mensaje disuasivo y amedrentador hacia activistas y la comunidad de defensores en general.

Este panorama se ve exacerbado por la falta de mecanismos efectivos para investigar, sancionar y prevenir estos actos. La impunidad sobre los delitos cometidos contra personas defensoras sigue siendo un desafío importante, perpetuando la violencia, la represión y creando un clima de miedo y vulnerabilidad.

La situación de personas defensoras pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, como mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes y personas LGTBI+, es particularmente preocupante. La normalización de la violencia en su contra a través de discursos misóginos y homofóbicos ha contribuido al problema. Además, la falta de un enfoque diferenciado en la investigación de los delitos en su contra agrava la discriminación.

Observamos con preocupación una tendencia creciente de políticas regresivas que socavan el derecho a defender derechos. Esto se manifiesta en restricciones a la libertad de expresión y asociación con el cierre de organizaciones no gubernamentales, adopción de leyes que limitan u obstaculizan sus actividades, así como afectaciones al derecho a la protesta pacífica, y el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes.

Se observa también que persisten discursos estigmatizantes que buscan desacreditar la labor de defensa de derechos humanos. Preocupa especialmente aquellos que provienen desde las más altas autoridades de los Estados. Los pronunciamientos públicos por parte de funcionarios del Estado generan una estigmatización y promueven un clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población.

Por otra parte, aunque la esfera digital ofrece nuevas plataformas para la promoción de los derechos humanos y la participación en los asuntos públicos, también han permitido la proliferación de amenazas, intimidación, estigmatización y actos de acoso. De igual modo, la expansión de las herramientas digitales ha permitido nuevas dinámicas de vigilancia selectiva de personas defensoras y otros actores del espacio cívico.

La CIDH y ONU derechos humanos reafirman su compromiso de promover la protección integral de las personas defensoras de derechos humanos en la región. El 25 aniversario de Declaración es una oportunidad para que todos los actores reafirmen su compromiso con la protección y garantía del derecho a defender los derechos humanos. En ese sentido, llaman a los Estados a fortalecer las medidas de prevención y protección, y garantizar un entorno seguro y propicio para su invaluable trabajo.

La defensa de los derechos humanos es fundamental para el desarrollo de sociedades justas, inclusivas y democráticas, y las personas defensoras deben ser apoyadas y protegidas en el ejercicio y desarrollo de su labor.

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