Pobreza en América Latina volvió a niveles prepandemia en 2022, informó la CEPAL con llamado urgente a avanzar en inclusión laboral

En 2022, el porcentaje de personas en situación de pobreza bajó a 29% de la población de América Latina (181 millones de personas), 1,2 puntos porcentuales menos que antes del inicio de la pandemia de COVID-19, mientras que la pobreza extrema disminuyó a 11,2% de la población de la región (70 millones de personas), manteniéndose en niveles similares a 2019, informó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023: la inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo, presentado por el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, destaca además la reducción de la desigualdad de ingresos medida por el índice de Gini y la recuperación del empleo.

No obstante, la CEPAL advierte que la tasa de crecimiento del PIB esperada para 2023 en América Latina y el Caribe (1,7%) -significativamente inferior al 3,8% registrado en 2022 y que podría llegar incluso al 1,5% en 2024- no permite prever nuevas mejoras en materia de pobreza en la región para este año.

“Aunque destacamos la reducción de la pobreza en 2022, no hay razones para celebrar. Más de 180 millones de personas en nuestra región no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y, entre ellas, 70 millones no tienen ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos. En total, casi un tercio de la población de la región vive en situación de pobreza, porcentaje que se eleva a 42,5% en el caso de la población infantil y adolescente, una realidad que no podemos tolerar. La incidencia de la pobreza también es más alta entre las mujeres, la población indígena y las personas que viven en zonas rurales”, señaló José Manuel Salazar-Xirinachs, máxima autoridad de la CEPAL.

De acuerdo con el informe, la creación de empleo entre 2014 y 2023 ha sido la más baja desde la década de 1950. En 2020, durante la pandemia, la creación de empleo disminuyó 8,2%, siendo la única caída registrada en los últimos 70 años.

Del universo de 292 millones de personas ocupadas en la región, 1 de cada 2 se encuentra en empleos informales, cerca de un quinto vive en situación de pobreza, 4 de cada 10 posee ingresos laborales inferiores al salario mínimo y la mitad no cotiza en los sistemas de pensiones, indica el Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023.

Si bien se observa una mejora en ciertas dimensiones de los mercados laborales entre 2020 y 2022, la región vive una crisis en cámara lenta en materia de inclusión laboral, entendida no solo como la inserción laboral sino también como las condiciones en que se accede al empleo en el mercado laboral, explica el organismo regional de las Naciones Unidas.

Esto quiere decir que la inserción en el trabajo remunerado es fundamental, pero no suficiente para alcanzar la inclusión laboral. Se requiere acceso a trabajos productivos, bien remunerados y con acceso a la protección social, en particular para las mujeres y las personas jóvenes, remarca la CEPAL.

En 2022, 54,2 millones de hogares en la región (39% del total) dependían exclusivamente del empleo informal. Más aún, la mayoría de las niñas y niños (menores de 15 años) y las personas de 65 años o más viven en hogares completamente informales o mixtos (61,2%).

Por otra parte, si bien la desigualdad de ingresos disminuyó en 2022 hasta niveles inferiores a los registrados en 2019, esta sigue siendo muy elevada, indica el estudio.

En América Latina, el decil de ingresos más altos (decil 10) percibe un ingreso que equivale a 21 veces el del decil de menores ingresos (decil 1). En 2021, la riqueza de solo 105 personas representó casi el 9% del PIB regional, subraya la CEPAL.

“La región sigue sumida en una doble trampa estructural de bajo crecimiento y altos niveles de pobreza y desigualdad. Los países deben transitar desde la inserción laboral a la inclusión laboral, eje del desarrollo social inclusivo. Pero la inclusión laboral requiere un crecimiento económico alto y sostenido. No es posible crear un mejor futuro del trabajo sin crear un mejor futuro de la producción y viceversa”, remarcó José Manuel Salazar-Xirinachs durante la presentación del documento, destacando el estrecho vínculo entre las políticas de desarrollo productivo, laborales y de protección social de los países.

El informe presentado hoy da cuenta de la persistencia de las brechas de género históricas en los mercados laborales.

Mientras la tasa de participación laboral de los hombres fue de 74,5% en 2022, la de las mujeres alcanzó solo a 51,9% (una brecha de 22,6 puntos porcentuales). Las mujeres tienen, además, mayores tasas de desocupación (8,6% en comparación con 5,8% de los hombres en 2022).

La principal barrera para la inclusión laboral de las mujeres es la carga de trabajo de cuidados, dice la CEPAL: la tasa de participación de las mujeres en hogares con niñas/os (61,6%) es inferior a la de los hogares sin niñas/os (73,5%).

El trabajo doméstico, apunta la CEPAL, representa una de las principales fuentes laborales para las mujeres de América Latina, pero el ingreso promedio que perciben las trabajadoras domésticas es la mitad del que perciben en promedio las mujeres ocupadas.

De igual forma, en el estudio se indica que las personas migrantes han aumentado su presencia en los mercados de trabajo de la región, contribuyendo con ello a la economía y sociedad de los países de destino. No obstante, tienden a experimentar mayores dificultades para la inclusión laboral, por sus condiciones laborales más precarias e inestables, que se agravan por las condiciones de irregularidad.

Finalmente, el Panorama Social 2023 señala que el gasto social del gobierno central aumentó como respuesta a la pandemia, alcanzando un máximo en 2020, pero se viene reduciendo desde entonces. En 2022 se mantuvo una alta heterogeneidad entre países y subregiones: tres países superan el 14,5% del PIB, mientras que cinco están por debajo del 10% del PIB. El desafío es mantener la senda de crecimiento del gasto público social para dar sostenibilidad financiera a las políticas de inclusión laboral, concluye el organismo.