La educación de niñas, niños y adolescentes migrantes, un derecho impostergable

Ciudad de México.- La niñez y adolescencia migrante es uno de los grupos de población en condiciones de mayor vulnerabilidad, al cual generalmente se le niega el acceso a la educación (comunitaria o escolarizada) y, en consecuencia, a un espacio seguro y protector en donde se les brindan herramientas y habilidades fundamentales para la vida, así como oportunidades para un presente y un futuro mejor.

Aunque son las mismas condiciones de movilidad las que hacen indispensable un ejercicio estandarizado que permita identificar las barreras que enfrentan las niñas, niños y adolescentes migrantes y sus familiares para ejercer plenamente su derecho a la educación, en el país hay pocos estudios al respecto. Tampoco se cuenta con datos estadísticos o sistemas de información que den seguimiento a las solicitudes de acceso ni a las trayectorias educativas de esta población, lo cual imposibilita la toma de decisiones sobre cómo mejorar sus necesidades educativas.

Por ello, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México, UNICEF, y la Secretaría de Educación Pública, con apoyo del Fondo Conjunto México Alemania (FCMA), desarrollaron el diagnóstico “Infancias en movilidad y barreras para su educación” que arroja información a nivel federal y en 4 estados de la República: Baja California, Chihuahua, Chiapas y Puebla.

“Independientemente de su situación migratoria, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación, lo cual se estipula en instrumentos internacionales que México ha ratificado, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el marco jurídico nacional”, señaló Maki Kato, Representante Adjunta de UNICEF en México, quien resaltó “que es una responsabilidad compartida el garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción, tengan ese derecho cumplido”.

Según datos obtenidos del diagnóstico, 86% del personal educativo percibe que el presupuesto asignado a las escuelas es insuficiente para atender las necesidades educativas de niñas, niños y adolescentes migrantes. Por su parte, 71% del personal educativo señala que conoce la Normativa de Acceso y Control Escolar de la SEP (las cuales establecen los requisitos para la inscripción en las escuelas), sin embargo, únicamente 2 de cada 10 personas encuestadas pudieron describir sus componentes.

Este desconocimiento de la Normativa se suma a la escasa información sobre la oferta educativa y la forma de acceder a la educación a la que tienen acceso madres, padres y personas cuidadoras de niñas, niños y adolescentes migrantes; incluso nacionales, quienes se enfrentan también a estas barreras. Además, en el estudio las familias señalan sentir miedo por la inseguridad y los riesgos fuera de los albergues, por lo que salir a la escuela no es una opción. Las familias priorizan necesidades como la seguridad, los recursos económicos y la vivienda, dejando en último lugar la educación.

El estudio indica que, 40% del personal educativo considera que niñas, niños y adolescentes migrantes sufren discriminación en la escuela y recomienda visibilizar la situación específica de las niñas y adolescentes migrantes que enfrentan estereotipos de género, los cuales privilegian que desempeñen labores de cuidado, antes que su educación.

En resumen, algunas de las principales barreras identificadas por el diagnóstico que persisten desde la oferta educativa, son las siguientes:

• solicitud de documentación de identidad o antecedentes escolares al momento de solicitar ingreso a una escuela (sin embargo, de acuerdo con la normativa de la SEP, esto no debe limitar el acceso a los servicios educativos);
• solicitud de cuotas escolares o gastos de transporte, uniformes o materiales escolares;
• poca difusión y conocimiento de la Normativa de Acceso y Control Escolar; y
• discriminación y manifestaciones de violencia y xenofobia en las comunidades y escuelas de acogida.

Por su parte, algunas de las barreras identificadas desde la demanda por parte de las familias son las siguientes:

• miedo a detenciones arbitrarias por autoridades migratorias;
• falta de recursos económicos para cubrir costos solicitados por las escuelas;
• falta de información sobre la oferta educativa existentes y cómo acceder a ellas; y
• la priorización del trayecto migratorio y estancias cortas que desmotivan la incorporación a la oferta educativa escolarizada.

México tiene las herramientas para mejorar las condiciones de atención educativa, cobertura y calidad de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes migrantes durante su estancia y su trayecto por el país.

“El esfuerzo colaborativo entre UNICEF México, la SEP y la Cooperación Técnica Alemana – GIZ ha permitido atender y proteger los derechos de cientos de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad. Si logramos adoptar las recomendaciones que hace este diagnóstico, podríamos conseguir un cambio significativo en sus vidas al fomentar acciones para reducir la discriminación en las comunidades de acogida y garantizar que niñas y adolescentes tengan las mismas oportunidades de continuar estudiando que los varones,” indicó Jerome Martin, Asesor técnico del Fondo Conjunto México Alemania.

Durante la presentación oficial de este diagnóstico, Raúl Álvarez Villaseñor, Director General de Operación de Proyectos en México en representación de la AMEXCID, destacó que “el acompañamiento otorgado al proyecto se enmarca en las labores que apoyan las acciones para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Asimismo, agregó que, para el Gobierno de México, las políticas migratorias deben atender sus causas, así como los derechos al trabajo, la vivienda, la seguridad, la salud y, particularmente, la educación”.