Organizaciones internacionales aplauden la histórica decisión del Estado de Honduras de promulgar la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente

Tegucigalpa, Honduras.- La aprobación de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente en Honduras, representa el más importante avance en este país para atender y proteger a las personas desplazadas internamente por la violencia. Además de reconocer los derechos de las víctimas y establecer un marco jurídico para el restablecimiento de sus derechos, la ley ayudará a implementar mecanismos de prevención ante nuevos desplazamientos.

Por ello, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) celebran la sanción presidencial de esta ley, desarrollada por la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia (CIPPDV).

Esta Ley es el resultado de un gran compromiso de las autoridades, que con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han logrado que su contenido esté alineado a estándares internacionales de protección, constituyendo un hito nacional en la protección de los derechos fundamentales de miles de personas hondureñas impactadas por la violencia generalizada.

La Ley fortalecerá los importantes avances alcanzados por el Estado hondureño para la protección de los derechos de las personas y comunidades impactadas por la violencia tales como los mecanismos de orientación, asistencia humanitaria y protección de derechos. Además, prevé la generación de información con la finalidad de desarrollar políticas públicas para atender las consecuencias del desplazamiento interno.  

De la misma manera, la ley establece responsabilidades y mecanismos de coordinación de las instituciones del Estado para prevenir las causas del desplazamiento interno; registrar y caracterizar a las víctimas; garantizar la restitución de derechos de las personas forzadas a huir; y, proteger a las comunidades más afectadas por la violencia.

Las organizaciones firmantes reconocen los retos y desafíos que implica implementar este marco legal, por lo cual reiteran a las autoridades, organizaciones de la sociedad civil y víctimas del desplazamiento forzado su compromiso para apoyar al Estado en la elaboración del reglamento de la ley, organizar y fortalecer el sistema institucional responsable de su aplicación, y promover la consecución de recursos para materializar las medidas de protección y asistencia.