La educación es un derecho humano fundamental y un factor imprescindible para lograr la paz y el desarrollo sostenible.
Por desgracia, este derecho sigue siendo objeto de ataques, especialmente en las zonas afectadas por conflictos. En 2020 y 2021, la Coalición Mundial para la Protección de la Educación contra los Ataques informó de más de 5.000 ataques contra escuelas y universidades o incidentes en los que se utilizaron esas instalaciones con fines militares. Más de 9.000 estudiantes y docentes fueron muertos, secuestrados, detenidos arbitrariamente o heridos. La mayoría de las víctimas eran mujeres y niños.
Estos ataques impiden que millones de alumnos vulnerables accedan a la educación y aumentan el riesgo de que sean víctimas de la violencia sexual o reclutados por grupos armados. Es preciso que dichos ataques cesen de inmediato. Las aulas deben seguir siendo lugares de paz y para el aprendizaje.
Celebro las medidas que han adoptado muchos países para proteger los centros educativos y a quienes los necesitan, e insto a todos los Estados Miembros a que respalden y apliquen la Declaración sobre Escuelas Seguras. Las obligaciones que se derivan del derecho internacional y del derecho internacional humanitario deben ser respetadas. Es necesario que sigamos vigilando, que investiguemos todos los ataques y que hagamos que los responsables rindan cuentas de sus actos.
En este momento en que conmemoramos el Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques y aguardamos la Cumbre sobre la Transformación de la Educación, debemos actuar de consuno para garantizar una educación segura para todas las personas.