Es urgente proteger a las personas defensoras del medio ambiente

Bogotá / Ciudad de Guatemala / Ciudad de México / Ciudad de Panamá / La Paz / Tegucigalpa / Santiago de Chile / Washington D.C. – Con motivo del Día Internacional de la Madre Tierra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina y el Caribe (ONU Derechos Humanos) y la Relatoría Especial de la CIDH sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) hacen un llamado a los Estados a respetar y proteger a las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio, y a las empresas a respetar los derechos humanos en todas sus actividades.

Mensaje conjunto de la CIDH, ONU Derechos Humanos y REDESCA con motivo del Día Internacional de la Madre Tierra, 22 de abril

Las personas defensoras cumplen un rol fundamental en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente; sin embargo, siguen enfrentando persistentes violaciones de sus derechos, en particular las mujeres, líderes y lideresas campesinos, indígenas y afrodescendientes, y sus comunidades. La CIDH, ONU Derechos Humanos y REDESCA observan que estos riesgos se presentan con énfasis cuando se expresa preocupación sobre los impactos que ciertas actividades empresariales tienen sobre la tierra y el territorio.

Según estimaciones de ONU Derechos Humanos a nivel global, casi tres de cada cuatro asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y el medio ambiente ocurren en América Latina y el Caribe. También se han verificado casos de agresiones físicas, amenazas, intimidaciones, estigmatizaciones y campañas de desprestigio, entre otros tipos de ataques, contra personas defensoras del medio ambiente y sus comunidades, así como agresiones específicas a mujeres defensoras del medio ambiente en razón de su género.

Preocupa también el uso indebido de acciones judiciales y administrativas como forma de criminalizar y silenciar el trabajo de personas defensoras del medio ambiente, incluso contra colectivos y sin individualizar las presuntas responsabilidades. La CIDH, ONU Derechos Humanos y REDESCA recibieron información sobre la presunta vinculación que habrían tenido ciertas empresas en algunos asesinatos, amenazas y criminalización contra quienes se oponen a las actividades empresariales en defensa del medio ambiente.

Cabe destacar que los Estados son los primeros responsables de garantizar la prevención, investigación, sanción y reparación integral de todas las violaciones de derechos humanos cometidas contra personas defensoras del medio ambiente. Es urgente que los Estados, en consulta con las personas defensoras, adopten e implementen medidas efectivas que detengan tales violaciones, además de promover y garantizar la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos.

Las empresas son cruciales no solo en el aporte al desarrollo socioeconómico, sino también al fortalecimiento de la protección y reconocimiento del rol de las personas defensoras, buscando su protección, promoviendo consultas para la identificación de impactos de sus proyectos, reparando daños si los hubieren y garantizando la no repetición, entre otras medidas de protección del espacio cívico. En efecto, en la región existen iniciativas de actores empresariales que han empezado a incorporar la conducta empresarial responsable como parte de sus actividades.

Por tanto, la CIDH, ONU Derechos Humanos y REDESCA hacen un llamado a los Estados a asegurar que las empresas en la región implementen políticas de respeto y protección a los derechos de las personas defensoras del medio ambiente; promuevan un cambio cultural en el sector empresarial en el que se reconozca el rol de las personas defensoras; implementen procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos considerando el impacto de sus actividades en las comunidades y personas defensoras, adoptando medidas de prevención, mitigación y remediación; y, proporcionen mecanismos de reclamación y reparación en caso de que se vulneren derechos, entre otras medidas. Todo ello, en atención a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU y al informe Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos de la REDESCA-CIDH.

En ese contexto, cabe reafirmar que el Acuerdo de Escazú es un poderoso instrumento para prevenir conflictos mediante el acceso a la participación, información y justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú es también un hito pues consagra la protección de las personas defensoras y su rol, cuyo espíritu nos recuerda que para defender el medio ambiente se debe empezar por proteger a quienes lo defienden.

La CIDH, ONU Derechos Humanos y REDESCA saludan a todos los Estados que ratificaron el Acuerdo de Escazú, dando muestra de su compromiso y liderazgo a nivel nacional, regional y global en la búsqueda de nuevas herramientas en esta materia. Al mismo tiempo, instan a los Estados parte a avanzar hacia su efectiva y oportuna implementación, y urgen a aquellos Estados que aún no lo han hecho a suscribir y ratificar este tratado.

Fin

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) forma parte de la Secretaría de las Naciones Unidas y su mandato está establecido en la resolución de la Asamblea General 48/141 de 1993. ONU Derechos Humanos, encabezada por la figura de la Alta Comisionada, tiene el mandato de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas y en todo el mundo. Es la principal entidad de la Organización de las Naciones Unidas en esta materia y está desplegada en más de 60 países.

La REDESCA es una oficina autónoma de la CIDH, creada para apoyar el cumplimiento de su mandato sobre promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.