Ciudad de México. – La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena el asesinato de dos guardias de seguridad que resguardaban las instalaciones de retransmisión del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara (que integra a Canal 44, 44 Noticias y Radio Universidad de Guadalajara) ubicadas en el Cerro del Cuatro, municipio de San Pedro Tlaquepaque (Estado de Jalisco). Ante este grave hecho, la ONU-DH llama a las autoridades a investigar con pleno apego a los estándares de debida diligencia, al fin de identificar y sancionar a los responsables de este ataque. Asimismo insta a las autoridades a agotar todas las líneas de investigación, incluso la hipótesis de una posible vinculación del ataque con la labor periodística realizada por el Canal 44 y los otros medios.

En este tipo de ataques es pertinente recordar la declaración conjunta sobre delitos contra la libertad de expresión[1] de los Relatores expertos en materia de libertad de expresión de la ONU, la OSCE, la OEA y la CADHP de 2012 en la que señalan: “Cuando existan evidencias de que un delito consumado pueda ser un delito contra la libertad de expresión, la investigación debería avanzar dando por supuesto que se trata de un delito de tal naturaleza hasta tanto se demuestre lo contrario, y deberían agotarse todas las vías de investigación relevantes vinculadas con los actos de expresión de las víctimas”.

Ante las características del fenómeno en México, es preciso que todas las autoridades adopten las medidas necesarias para contribuir a la seguridad de periodistas, medios de comunicación y de todas las personas que contribuyen a la actividad de los mismos. En ese sentido la ONU-DH saluda la información hecha pública en relación con la comunicación mantenida por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de SEGOB con el medio de comunicación y anima a la pronta implementación de medidas efectivas de protección.

La ONU-DH expresa sus condolencias a las familias, colegas y amistades de las dos víctimas y llama a las autoridades a garantizar la atención efectiva a sus familiares.

FIN  
 
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GINEBRA (ONUDH) – Millones de migrantes, incluyendo mujeres, niñas y niños, continúan siendo detenidos por su estatus migratorio. En una declaración conmemorando el Día Internacional del Migrante, expertos de derechos humanos* urgen a los Estados a aplicar sistemáticamente medidas alternativas al confinamiento, particularmente en la situación difícil por la pandemia de COVID-19, e inmediatamente detener la detención de niñas y niños migrantes, así como poner fin a la detención de todos los migrantes. La declaración completa continúa: “En conmemoración del Día Internacional del Migrante y en el contexto de una crisis global sanitaria, nos sentimos obligados a destacar la difícil situación de millones de migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y personas apátridas en todos los rincones del mundo que se encuentran privados de su libertad solamente basados en su estatus migratorio. Mientras reconocemos aquellos Estados que están activamente buscando e implementando medidas alternativas a la detención migratoria, urgimos a todos los demás a priorizar soluciones de alojamiento sin custodia y arreglos de atención basados en la comunidad, ya que varios estados se han comprometido al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Las personas no deben ser tratadas como criminales solamente por cruzar una frontera nacional de manera irregular o por falta de documentación apropiada. La detención masiva de estas personas no puede ser considerada solo una medida casual de control migratorio. No obstante, hay un incremento significativo del uso de detención migratoria por los Estados desde los años 90s, a pesar de que la prohibición de la detención arbitraria es una regla no derogable del derecho internacional consuetudinario. Recordamos a los Estados que la detención bajo los derechos humanos internacionales siempre debe ser no discriminatoria y una medida excepcional de último recurso. La detención de niñas y niños basada en el estatus migratorio de sus padres nunca está gobernada por el principio de excepcionalidad y nunca responde a los mejores intereses de la niñez; por tanto, está siempre prohibida bajo las leyes internacionales de derechos humanos. Urgimos a los Estados a cesar inmediatamente la detención de niñas y niños, y reducir progresivamente y  poner fin a esta práctica para todos los demás migrantes. Enfatizamos que las medias alternativas a la detención no sólo ofrecen mayor protección a la dignidad, humanidad, salud y bienestar de las personas, también cuestan significativamente menos que las instalaciones de detención. Por otro lado, las medidas de custodia tienen un impacto negativo significativo en la salud e integridad personal de migrantes, incluyendo consecuencias adversas para su salud mental, tales como ansiedad, depresión, exclusión y trastorno de estrés post-traumático, incluso el riesgo de suicidio. Estos riesgos se han agravado particularmente en el contexto actual de la pandemia de COVID-19. El sistema de justicia criminal, tales como la fianza, la detención domiciliaria u otras restricciones de movimiento, incluyendo vigilancia electrónica o reportes periódicos a las autoridades, no debe ser usado en el contexto migratorio. Tampoco deben ser usadas estas medidas como alternativas a la detención migratoria. Si se utilizan alternativas para imponer restricciones a los derechos de los migrantes, las salvaguardias que las rodean deberían ser tan estrictas como las que se aplican a las situaciones de detención.   FIN *Los expertos: Sr. Can ÜNVER, Presidente del   Comité para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias  (CMW). CMW es el cuerpo de 14 expertos independientes que monitorean la implementación de la International Convención Internacional de la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes  y Miembros de sus Familias por los Estados. Éste tuvo su primera sesión en Marzo de 2004. Ver el  Comentario General No. 5 (2021) sobre los derechos de los migrantes a la libertad, libertad de la detención arbitraria y su conexión con otros derechos humanos. Sr. Felipe González Morales (Chile) fue designado Relator Especial sobre los derechos de los Migrantes en Junio de 2017 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONUD, por un periodo inicial de tres años. Como Relator Espacial, es independiente de todo gobierno u organización y sirve en capacidad individual. Él es profesor de Leyes Internacionales en la Diego Portales, en Santiago, Chile, donde también es Director del programa de Maestría en Leyes Internacionales de Derechos Humanos. Ver aquí el reporte del Relator Especial sobre finalizar la detención de niños migrantes n y provisión de cuidado adecuado y recepción para ellos.   Para mayor información y solicitudes de medios, por favor contactar t Yiyao Zhang (+41 22 917 85 94 / yiyao.zhang@un.org) o Idrissa Kane, Secretaria del Comité CMW (+41 22 917 92 73 kanei@un.org) y Nikolaus Schultz (+41 22 917 92 28 / nikolaus.schultz@un.org)
  Obtenga más información con nuestros videos sobre el Sistema de Órganos de Tratados y el Comité de Trabajadores Migrantes ¡Siga los Órganos de tratados de derechos humanos de la ONU en las redes sociales! Estamos en Twitter @UNTreatyBodies Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de la ONU en Twitter: @UN_SPExperts y @UNTreatyBodies

Nueva York (UNFPA) - Los desastres naturales, que se han intensificado a consecuencia del cambio climático, diversos conflictos y la pandemia del coronavirus, que aún continúa, están aumentando los desplazamientos y las necesidades humanitarias en el mundo entero, y también están teniendo un impacto devastador y desproporcionado en las mujeres y las niñas, que se han visto afectadas por una disminución en su acceso a servicios esenciales y menores probabilidades de participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas. El UNFPA, la agencia líder de las Naciones Unidas en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, lanzó el día de hoy el llamado humanitario más grande de su historia para llegar a más de 54 millones de mujeres, niñas y personas jóvenes en 61 países en 2022. El apoyo humanitario que el UNFPA proporciona a los países se centrará en la prestación de servicios integrados de salud sexual y reproductiva y de atención a la violencia de género, además de apoyo integral para sobrevivientes de violencia, incluidos servicios de salud mental y apoyo psicosocial. El llamado es por un total de $835 MDD. Todos los días, mujeres y niñas que viven en entornos de crisis enfrentan riesgos cada vez mayores a su seguridad, dignidad y bienestar. Es bastante común que los servicios esenciales y vitales de atención de la salud sexual y reproductiva pasen a un segundo plano en situaciones de conflicto y desastre. La capacidad de las mujeres y las niñas para tener acceso a servicios esenciales para su salud, su futuro y su supervivencia se ve, en el mejor de los casos, disminuida, y en el peor de los casos erosionada en un momento en el que sus necesidades son más grandes, con consecuencias devastadoras. “Los derechos y las necesidades de las mujeres y las niñas afectadas por las crisis humanitarias deben ser una prioridad al mismo tiempo que continuemos trabajando juntos para no dejar a nadie atrás”, afirmó la Dra. Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del UNFPA, “En Afganistán, Etiopía, Haití, Siria y más de 50 entornos humanitarios más, estamos viendo la rapidez con la que avances logrados con tanto esfuerzo a favor de las mujeres y las niñas pueden sufrir un retroceso de cara a una crisis. Al mismo tiempo que las necesidades aumentan, debemos escuchar las voces de las mujeres, invertir en su liderazgo y actuar con urgencia para asegurarnos de colocar sus derechos, su capacidad de decidir y su dignidad en el centro de nuestra respuesta humanitaria”. El Informe Panorama Humanitario Mundial 2022 llama la atención a las mayores crisis en el mundo para las mujeres y las niñas, lo mismo que a la necesidad apremiante de aumentar la ayuda humanitaria internacional para aliviar el sufrimiento humano y mantenerse a la par de las necesidades cada vez mayores. En un mundo en evolución y más complejo, el UNFPA está haciendo un llamado a recaudar un total de $835 MDD, que garantizarán que, en conjunto con nuestros socios, podamos prepararnos mejor, emprender acciones tempranas y responder para salvaguardar los derechos, la salud y las vidas de mujeres, niñas y las personas jóvenes en entornos de emergencia en todo el mundo.  En respuesta a la proyección de que las necesidades humanitarias se duplicarán para 2030, la prioridad del UNFPA es apoyar a los países de modo que puedan fortalecer sus capacidades y sistemas para la prestación de servicios integrados, esenciales y vitales en las áreas de la salud sexual y reproductiva y la atención a la violencia de género. Nuestro enfoque continúa siendo el de fortalecer los vínculos entre la acción humanitaria y los programas para el desarrollo, diseñando y ejecutando intervenciones que respondan a necesidades inmediatas y permitan construir resiliencia.  Como parte de ese esfuerzo, trabajamos estrechamente con socios comunitarios locales, incluidas mujeres y organizaciones dirigidas por jóvenes. En 2021, a pesar de los desafíos provocados por la pandemia de COVID-19, el UNFPA y sus socios apoyaron a millones de mujeres, niñas y personas jóvenes en los sitios más afectados y remotos con una variedad de servicios, información e insumos.   Más de 29 millones de mujeres en 42 países recibieron servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos anticonceptivos e insumos para partos seguros y equipo de protección personal. 6 millones de personas en 39 países recibieron servicios de planificación familiar. Se proporcionó asistencia para más de 1.5 millones de partos seguros en 29 países. 2.4 millones de sobrevivientes de violencia por razón de género tuvieron acceso a servicios de atención, incluidos aquellos ofrecidos a través de 12,000 espacios seguros que operan con el apoyo del UNFPA. El UNFPA requiere de financiamiento oportuno, predecible y flexible para salvar las vidas de mujeres, niñas y personas jóvenes, proteger su dignidad y darles una esperanza para el futuro. Nuestros requerimientos de financiamiento ascienden a un total de $835 MDD. *FIN*

GINEBRA (ONU-DH) - El Comité contra la Tortura de la ONU ha solicitado a México que deje de criminalizar la defensa de los derechos humanos, tras decidir el caso de un defensor de los derechos humanos cuya labor fue atacada, resultando en su detención y tortura durante más de cinco años por un delito que no cometió. En una decisión publicada hoy, el órgano contra la tortura de la ONU determinó que Damián Gallardo Martínez, docente y activista por los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la educación, fue víctima de tortura en México, en violación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Sr. Gallardo Martínez, miembro del Pueblo Indígena Ayuujk de Santa María Tlahuitoltepec de la Región Mixe, había estado promoviendo la educación comunitaria en comunidades indígenas de Oaxaca durante varios años y participó en protestas lideradas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 2013 en Oaxaca. En mayo de ese año, siete policías irrumpieron en su casa mientras descansaba y lo arrestaron, sin orden judicial. Estuvo detenido en régimen de incomunicación en un centro de detención clandestino, donde fue golpeado por agentes de policía para que divulgara información sobre otros participantes del movimiento por el derecho a la educación. Según el Sr. Gallardo Martínez, los agentes amenazaron con violar a su hija y su pareja antes de matarlas, y con asesinar a sus padres. El Sr. Gallardo Martínez fue obligado a firmar hojas de papel en blanco, que luego fueron utilizadas como una supuesta confesión. Con base en esta “confesión”, fue acusado de participación en crimen organizado y de secuestro de dos jóvenes, sobrinos de uno de los empresarios más importantes de México. El Sr. Gallardo Martínez fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Guadalajara, en el estado de Jalisco, donde estuvo detenido más de cinco años hasta que el Ministerio Público Federal finalmente solicitó el desistimiento del caso, en diciembre de 2018. Durante este tiempo, el Sr. Gallardo Martínez fue golpeado brutalmente, sometido a revisión bucal y anal, privado de agua y sueño, así como recluido en régimen de aislamiento 22 horas al día. Mientras estuvo detenido, su padre permaneció diariamente en el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca en exigencia de justicia para su hijo. Toda la familia sufrió estigmatización y hostigamiento y, como resultado, tuvo que abandonar su comunidad indígena. El Sr. Gallardo Martínez y su familia presentaron en México denuncias por los actos de tortura, pero estas no dieron lugar a ninguna investigación significativa. Por lo tanto, llevaron su caso ante el Comité en 2019. "El Sr. Gallardo Martínez fue sometido a actos de tortura que buscaban doblegar su voluntad al extremo y convencer de la capacidad de sus agresores de infligirle dolor o incluso la muerte”, dijo Peter Vedel Kessing, miembro del Comité. "Los familiares directos del Sr. Gallardo Martínez también son víctimas indirectas debido al impacto psicológico y emocional de la tortura sufrida por él y por la estigmatización y el acoso que enfrentaron. Por lo tanto, también tienen derecho a una reparación integral”, agregó Vedel Kessing. En sus conclusiones, el Comité señala que el proceso penal iniciado contra el Sr. Gallardo Martínez se enmarca en un patrón de criminalización de las protestas sociales. El Comité exhortó a México a tomar las medidas necesarias para brindar garantías de no repetición, incluida la garantía de que quienes defienden la educación y los derechos de los pueblos indígenas no sean criminalizados por sus actividades legítimas de defensa de los derechos humanos. El Comité también solicitó que México proporcione al Sr. Gallardo Martínez y sus familiares una reparación integral, que ofrezca una disculpa pública y difunda ampliamente la decisión del Comité incluso en un diario de amplia circulación en el estado de Oaxaca. FIN Para más información y solicitudes de los medios de comunicación, comuníquese con:
Vivian Kwok, al +41 (0) 22 917 9362 / vivian.kwok@un.org,  o con la UN Human Rights Office Media Section, al +41 (0) 22 928 9855 / ohchr-media@un.org Contexto El Comité contra la Tortura supervisa la adhesión de los Estados partes a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que hasta la fecha cuenta con 173 Estados partes. El Comité está integrado por 10 miembros que son expertos independientes en derechos humanos provenientes de todo el mundo, que sirven a título personal y no como representantes de los Estados partes. El Comité tiene el mandato de considerar denuncias individuales en las que se aleguen violaciones de los derechos establecidos en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por Estados partes que han realizado la declaración de acuerdo al artículo 22 de la Convención. ¡Obtenga más información con nuestros videos sobre el sistema de órganos de tratados y sobre el Comité contra la Tortura! ¡Sigue a la oficina de derechos humanos de la ONU en las redes sociales! Estamos en Twitter @UNHumanRights