Con el objetivo de detonar la integración y así poder generar un primer esbozo de propuestas sobre proyectos y estrategias que mejoren a Ciudad Juárez y le permitan alcanzar su visión al año 2040, la última semana de noviembre se llevó a cabo el webinario “Caracterización del Territorio”. En este espacio virtual se contó con la participación de académicos, investigadores, miembros destacados de la sociedad civil y funcionarios públicos del municipio, quienes aportaron sus conocimientos, propuestas y entendimiento respecto a la situación del territorio juarense. La actividad se dividió en cinco mesas de trabajo simultáneo, en las cuales se desarrolló una caracterización colaborativa con el fin de obtener propuestas de cinco distintas zonas de la ciudad: norponiente, centro, sur poniente, norponiente y suroriente. Dentro de los requerimientos observados para la zona norponiente se visibilizó la falta de equipamiento urbano adecuado, la necesidad de zonas ciclistas bien establecidas, así como la especial atención que necesitan las líneas de drenaje que atraviesan el territorio. En la zona centro se hizo énfasis en todos los instrumentos y planes maestros con los que cuenta el municipio, así como en el potencial con el que cuentan todos los espacios icónicos tales como la plaza Cervantina, la casa de Juan Gabriel, el monumento a Juárez, el cine Victoria, entre otros.   Como observación de relevancia, en esta mesa se destacó la importancia de dignificar espacios, hacerlos más accesibles para toda la población, implementar buena iluminación para que puedan ser disfrutados a distintas horas del día, rehabilitar aquellos sitios que cuentan con legado histórico y fomentar el uso de suelo mixto para darle nueva vida a esta zona. Dentro de los alcances que se tuvieron en la mesa correspondiente a la zona surponiente, se visibilizó la complejidad del área subdividida en tres áreas: la zona de los kilómetros, aeropuerto e industrial. En la primera se resaltó la carencia y dificultad del abasto de agua, la falta de espacios educativos, de recreación, salud y esparcimiento, pero se destacó la fortaleza de los lazos sociales y comunitarios que brindan asistencia a la población local. Lo que respecta a la zona industrial y de aeropuertos, en esta se llevó la atención al potencial que tiene de ser consolidada como una zona industrial fuerte. En la mesa cuatro, correspondiente al norponiente, se conversó sobre la importancia en proyectos como la cobertura de banquetas, el financiamiento para el mejoramiento de la vivienda, la delimitación de la mancha urbana, el manejo del agua residual y pluvial, así como del potencial de un Distrito Universitario y de la consolidación de un corredor económico binacional fuerte. Finalmente, los temas que se plantearon en la mesa del suroriente incluyeron la importancia de consolidar subcentros urbanos comerciales, laborales y de equipamiento, así como el potencial de contar con microrregiones ciclistas. Todas las aportaciones de los participantes serán analizadas y mapeadas por el equipo de ONU-Habitat, en colaboración con el municipio, y serán transformadas en una cartera de proyectos estratégicos para la ciudad. Este tercer webinario, “Caracterización del Territorio”, se desarrolló en el marco de colaboración técnica entre ONU-Habitat y el municipio de Juárez.

En las últimas décadas, las activistas de base, defensoras de los derechos humanos de las mujeres e impulsoras de diversos movimientos en todo el mundo, como el #MeToo, #NiUnaMenos, #TimesUp y otros, han catalizado un cambio sin precedentes; han generado una movilización mundial que dejó de manifiesto la urgencia de la prevención y la respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas. Las mujeres ocupan un rol clave en la defensa del medio ambiente. En muchos contextos, además de liderar la lucha por la protección del planeta y del territorio, son referentes de la conservación de culturas indígenas que encuentran fundamental la preservación de la naturaleza. Sin embargo, de acuerdo con ONUDH, entre 2015 y 2019 unas 1323 personas defensoras de los derechos humanos perdieron la vida por liderar esta lucha alrededor del mundo. Mientras que América Latina suele ser una de las regiones más afectadas, también registra una cantidad superior de personas defensoras que fueron atacadas por promover el desarrollo sustentable y luchar contra iniciativas que ponen en peligro a sus comunidades, según el más reciente informe de Global Witness. El estudio también sostiene que México, Colombia y Brasil concentran los números más altos a nivel mundial. En el caso de México, de acuerdo con datos de Front Line Defenders, en 2020 se registraron 19 asesinatos (cuatro de ellas mujeres, incluidas al menos tres mujeres trans). Además, en ese país, la organización registró 499 agresiones a personas defensoras del medio ambiente. Para cambiar esta situación y garantizar sus derechos humanos, mujeres y jóvenes lideresas indígenas de 21 países y 24 pueblos indígenas de las Américas se reunieron en México para la Consulta sobre la próxima Recomendación General 39 de la CEDAW, enfocada en los Derechos de las mujeres y niñas indígenas.  La organización de la Consulta Regional estuvo a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres de México (INMUJERES), ONU Mujeres, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Comité de Expertas del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI). La Recomendación General 39 orienta y obliga a los Estados Parte a implementar medidas legislativas y políticas para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas indígenas, y fue adoptada por la CEDAW el pasado 26 de octubre de 2022. Las historias presentadas a continuación son una prueba del coraje y la determinación de dos mujeres mexicanas que trabajan sin descanso en esta ardua tarea.  Mujeres líderes en comunidades organizadas   Francisca González Gutiérrez vive en Chicomuselo, Chiapas, México. Desde su lugar como integrante del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida "Samuel Ruiz García", Parroquia San Pedro y San Pablo, se opuso al extractivismo minero en la zona. “Desde el 2009 iniciamos una defensa de la madre Tierra y el territorio contra la empresa Blackfire canadiense, pues el desafío más grande ha sido que, como mujeres en los tejidos, pues no nos dan el derecho a participar, porque dicen que es más de hombres dar permiso a las empresas mineras y decidir por la vida”, sostiene.  Por ahora, su Comité cuenta con el apoyo de algunas instituciones religiosas y de organizaciones no gubernamentales con quienes se aliaron para enfrentar a las empresas que buscan instalarse en la zona con prácticas contaminantes. “El Estado es el primero que debe de respetar, garantizar y promover los derechos humanos” expresa. “Lo que buscamos es que no se llegue al individualismo, sino que sea un trabajo más colectivo, más solidario, para que podamos defender a la madre Tierra, ya que de ahí nos alimentamos, y si no hay Tierra, no hay mexican@s”, Francisca González, Defensora de derechos humanos e integrante del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida "Samuel Ruiz García" en Chiapas.   Romper el paradigma de una justicia racista Crédito: Carmen Martínez/ ONU Mujeres Isela González Díaz se acercó a las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, para hacer investigación antropológica cuando tenía 44 años. Hoy tiene 68 y en todo este tiempo logró interpretar las necesidades de la región y abordar estrategias para satisfacerlas. El principal reto, explica, es garantizar el acceso a la justicia y prevenir la invasión de sus territorios. Hoy, como directora de Alianza Sierra Madre se aboca principalmente a la defensa de los derechos ambientales y territoriales. Además de su búsqueda por romper con el paradigma del racismo jurídico, desde 2007, la organización trabaja para combatir la violencia vinculada al narcotráfico. Su trabajo le ha causado amenazas de muerte y campañas de desprestigio, “el desafío más importante es sobrevivir al machismo estructural en una sociedad patriarcal, además, colonial y de esos son los grandes desafíos que enfrento y digamos que concluyendo el gran desafío es mantener mi vida, mi seguridad”.  Su trabajo dio resultados sobresalientes, como el reconocimiento legal de los territorios indígenas y la protección estatal de más de 30.000 hectáreas de bosque de pino Encino. Finalmente, se consiguió que las autoridades atendieran la problemática de la muerte de mujeres indígenas durante el embarazo, parto y puerperio. “Afortunadamente tenemos ya tres años sin ninguna muerte en la comunidad donde trabajamos”, puntualiza. Por esta razón, bajo el lema de la Campaña del Secretario General de la ONU, ¡ÚNETE! EN ACTIVISMO PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS, y en el marco Del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y los 16 de activismo, las Naciones Unidas hacen un llamado a promover el activismo. Seamos activistas y sumemos acciones para la prevención de la violencia contra las mujeres; solidaricémonos con las activistas de los derechos de las mujeres y apoyemos a los movimientos feministas para resistir el retroceso de los derechos de las mujeres y las niñas. Escucha la cápsula de radio de Francisca González Gutiérrez, en el marco del trabajo en conjunto de ONU Mujeres y Grupo IMER, que busca llevar a la audiencia de Instituto Mexicano de la Radio (IMER) mensajes contra la violencia de género: https://mexico.unwomen.org/es/stories/noticia/2022/11/unete-en-activismo-para-poner-fin-a-la-violencia-contra-las-mujeres-y-las-ninas

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) presentaron hoy un nuevo Informe Especial conjunto titulado Hacia una seguridad alimentaria y nutricional sostenible en América Latina y el Caribe en respuesta a la crisis alimentaria mundial, en el cual llaman a fortalecer la producción agrícola y los sistemas de protección social y extender su alcance en el área rural para responder al triple desafío de combatir la inseguridad alimentaria y el aumento de la pobreza extrema, y apoyar la producción de alimentos en la región. El documento fue dado a conocer en Santiago de Chile en una conferencia de prensa encabezada por José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL; Mario Lubetkin, Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe; y Lola Castro, Directora Regional del WFP para América Latina y el Caribe. Según el informe, el contexto internacional de crisis sucesivas y la guerra en Ucrania comprometen el acceso de América Latina y el Caribe a los alimentos y a insumos claves para la agricultura regional. Los impactos de la guerra en Ucrania sobre los sectores productivos deben entenderse en el contexto de las diversas crisis que han afectado la economía mundial en los últimos 15 años: la crisis financiera de 2008, las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China y, desde 2020, la pandemia de COVID-19. Esas crisis se tradujeron en rupturas en diversas cadenas productivas primarias y manufactureras, sea por un incremento de las barreras comerciales o por disrupciones en el sistema de producción y transporte global de bienes, explica el reporte. Agrega que el conflicto bélico en Ucrania ha afectado directamente el comercio internacional de petróleo crudo, gas natural, cereales, fertilizantes y metales. De esta forma, los precios más altos de la energía y los alimentos son parte de los factores que han llevado a una revisión del crecimiento global a la baja en 2022. Se prevé que la economía mundial crezca 3,1% en 2022, 1,3 puntos porcentuales menos que lo pronosticado antes del estallido de la guerra, mientras que la región de América Latina y el Caribe se expandirá 3,2% este año, pero se desacelerará notoriamente hasta 1,4% en 2023, según las últimas proyecciones de la CEPAL, debido precisamente al contexto internacional desfavorable. La extensión de la crisis actual, en la que convergen diversas amenazas de carácter productivo, comercial, climático y geopolítico, no solo hace peligrar la seguridad alimentaria sino que también podría conducir a la región y al mundo a grandes retrocesos en materia de pobreza, desigualdad, acción climática y desarrollo sostenible, advierte el informe. “A pesar de contar con un importante superávit comercial agropecuario, América Latina y el Caribe está expuesta a los problemas de producción y comercialización y a las alzas de precios derivados de la guerra en Ucrania. Las alzas de los precios internacionales de los alimentos e insumos afectan tanto a los países exportadores como a los importadores netos de alimentos. Además, la región importa más de 80% de los fertilizantes utilizados en la agricultura. Una reducción en los rendimientos y las cosechas de productos claves para la seguridad alimentaria debido a una menor fertilización se sumaría a los efectos dañinos de la inflación de alimentos sobre la población más vulnerable”, señaló José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL.  Según destaca el informe de la CEPAL, FAO y WFP, la inflación de alimentos aumenta el riesgo de problemas de acceso a una dieta saludable, inseguridad alimentaria y hambre pues afecta más a los hogares de menores ingresos. En la región, la inflación que golpea a los sectores más pobres (primer quintil de la distribución del ingreso) es 1,4 puntos porcentuales más alta que la correspondiente a los sectores más ricos (quinto quintil). En el primer quintil los alimentos corresponden a más de dos tercios de la inflación general y en el quinto quintil, a menos de la mitad. Los precios de los alimentos han aumentado más que la inflación general en la región desde fines de 2018 y se han acelerado a partir de mayo de 2020. El índice de precios de los alimentos a nivel regional a 12 meses alcanzó un 11,7% en septiembre de 2022, frente a un 7,1% en el caso de la inflación general. Según la FAO, el índice de precios de los alimentos, medido en términos reales, alcanzó su máximo nivel histórico, de 156,3 puntos, en marzo de 2022. Mario Lubetkin, Subdirector General y Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, señaló que “el hambre aumentó en la región en un 30% entre 2019 y 2021. La alta dependencia de la importación de fertilizantes y la variación de los precios de los alimentos tiene un impacto negativo e inevitable en los medios de vida, principalmente de la población rural, y en el acceso a una dieta saludable”. Lubetkin añadió que, “si bien el índice de precios de los alimentos de la FAO bajó en los últimos 7 meses, su nivel aún se mantiene 14% más alto en comparación al 2021. El fortalecimiento de los sistemas de protección social en las zonas rurales, particularmente orientados a agricultores familiares; y eliminar las restricciones al comercio internacional de alimentos y fertilizantes serán medidas clave en el proceso de respuesta a la actual crisis”. Asimismo, el estudio indica que reforzar el papel activo que los sistemas de protección social, incluyendo a los programas nacionales de alimentación escolar, desempeñaron durante la fase más crítica de la pandemia es una necesidad para evitar que los segmentos más vulnerables de la población, como niños y ancianos, se vean irreversiblemente afectados por el alza de precios de los alimentos. “En un escenario regional donde la pobreza multidimensional está cada vez más vinculada a la inseguridad alimentaria y nutricional y donde diferentes crisis se están sumando a inequidades estructurales profundas, los sistemas de protección social, incluyendo a la alimentación escolar, juegan un papel fundamental en mitigar la vulnerabilidad de las personas antes, durante y después de las crisis. Como Programa Mundial de Alimentos estamos acompañando a los gobiernos nacionales para identificar y responder a estas necesidades incrementales, a través del uso y expansión de la protección social de manera sostenible, además de un continuo fortalecimiento de la preparación de los sistemas, para no dejar a nadie atrás”, indicó Lola Castro, Directora Regional del WFP para América Latina y el Caribe. Garantizar también el acceso de los pequeños productores a los fertilizantes y biofertilizantes es una medida necesaria y válida si se focaliza en los productores que más lo necesitan y se condiciona a la mejora de la eficiencia en el uso de estos insumos y de la sostenibilidad de la actividad agropecuaria. El financiamiento de esas iniciativas debe incluir no solo los presupuestos públicos, sino también a los bancos de desarrollo, la banca privada (con la creación de mecanismos de garantía) y otras alternativas de financiamiento internacional como los bonos verdes y sociales, agrega el documento. Finalmente, el informe enfatiza que la complejidad y la magnitud de las políticas que se requieren para conciliar las respuestas de emergencia con la reducción de problemas estructurales y fiscales demandan la coordinación en diversas áreas —macroeconómica, social y productiva— y la articulación de las respuestas a nivel regional.

Ciudad de México (México) . - El 25 de noviembre se conmemora el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, al tiempo que comienzan los “16 Días de Activismo en contra de la Violencia de Género” que culminan el 10 de diciembre con el “Día de los Derechos Humanos”. En el marco de estos importantes días de conmemoración, el Sub-Grupo de Trabajo de Protección para Atención a la Violencia de Género coordinado de manera conjunta por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, hacemos un llamado a todos los actores relevantes y a la población en general a poner fin a la violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres, considerando el impacto diferenciado y los riesgos específicos que enfrentan, particularmente cuando son refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes y desplazadas. Pese a los crecientes y relevantes esfuerzos y compromisos en la lucha contra la violencia de género en últimos años, ONU Mujeres ha destacado que ésta sigue siendo la afectación de derechos humanos más generalizada en el mundo; lamentablemente, desde hace más de una década se ha mantenido la estimación de que una de cada tres mujeres han experimentado violencia de género, y de manera más reciente se ha calculado que a nivel mundial una niña, adolescente o mujer muere asesinada por alguien de su propia familia cada 11 minutos.[1] En el caso de México nos enfrentamos a cifras abrumadoras ligadas al feminicidio, al día son asesinadas 12 mujeres en nuestro país. Una preocupación fundamental que se visibilizó durante la pandemia por el COVID-19, fue el alarmante aumento de las denuncias de violencia de pareja íntima y de la violencia intrafamiliar hacia niñas, niños y adolescentes, debido a que las restricciones de movilidad dejaron a las personas sobrevivientes atrapadas con sus agresores. En este contexto ya de por sí complejo, las niñas, adolescentes y mujeres en contextos de movilidad humana experimentan riesgos diferenciados y exacerbados de vivir violencia sexual y de género, al encontrarse alejadas de redes de apoyo que normalmente podrían tener en sus países y comunidades de origen y al enfrentarse a relaciones de poder desiguales que se agudizan. En particular, las niñas, adolescentes y mujeres solicitantes de asilo, refugiadas, migrantes y desplazadas, enfrentan riesgos elevados de violencia sexual, violencia de pareja íntima, venta e intercambio de sexo como mecanismo de supervivencia y trata con fines de explotación sexual, entre otros. Por otra parte, los conflictos, la violencia política, el cambio climático, los desplazamientos forzados, la desigualdad social, la inseguridad alimentaria, la urbanización desmedida y la digitalización están creando desigualdades profundas y mayores injusticias y de opresiones sistémicas que contribuyen al aumento de la violencia basada en género, incluidas las prácticas nocivas de género como el matrimonio o uniones infantiles, tempranas o forzadas, la división de género del trabajo, que se invisibilizan por considerarse socialmente aceptadas. La creciente evidencia revela que, en tiempos de crisis o emergencias, el número de niñas y adolescentes unidas de manera temprana y forzosa aumenta considerablemente, a la vez que se quedan sin apoyos o son víctimas de consecuencias fatales, debido a las deficiencias en los servicios de protección. Asimismo, las necesidades de salud sexual y reproductiva se pasan por alto con facilidad; sin embargo, estas necesidades continúan presentes y se acentúan en situaciones de emergencias humanitarias. Para afrontar estos riesgos y retos, resulta fundamental el trabajo conjunto, multisectorial y transversal dirigido tanto a la prevención y la mitigación como a la respuesta de violencia de género. Es clave que participen todas las instituciones de Estado mexicano, así como las organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada, las instituciones de desarrollo, y la población en su conjunto para lograr respuestas articuladas, integrales, profundas y duraderas a fin de lograr una transformación plena y respuestas suficientes a la violencia de género, asegurando que no se queda nadie atrás, incluyendo las mujeres, jóvenes y niñas solicitantes, refugiadas, migrantes y desplazadas en toda su diversidad. Es clave, también, que todas las personas nos hagamos cargo de esta tarea desde nuestros diferentes sectores y posibilidades, que cada persona se convierta en un activista contra la violencia de género, porque su continuidad resulta inaceptable. Desde el Sub-Grupo, las diversas instancias y organizaciones participantes nos comprometemos a seguir trabajando a favor de la erradicación de la violencia de género, así como velar por respuestas de calidad para las personas sobrevivientes de esta violencia que atendemos todos los días, y nos unimos – estos 16 días, y siempre – en contra de la violencia de género.   Para más información consulte con: Alberto Cabezas Coordinador de Comunicación de la OIM-ONU Migración en México Teléfono: 55 4525 8361 acabezas@iom.int   Silvia Garduño, Oficial de Información Pública, ACNUR México, Ciudad de México Teléfono: 55 2848 7440  mexmepi@unhcr.org //garduno@unhcr.org