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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México
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28 marzo 2022
La Embajada de Canadá en México y UNODC reconocen el liderazgo de las mujeres indígenas en la prevención de la trata de personas
Ciudad de México, UNODC.– Las personas indígenas son altamente vulnerables de convertirse en víctimas de trata de personas.
La Embajada de Canadá en México y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México organizaron la mesa redonda “El liderazgo de las mujeres indígenas en la prevención de la trata de personas” en el marco de los Encuentros Indígenas Canadá-México.
Esta iniciativa forma parte del compromiso de Canadá de profundizar los lazos bilaterales con México y la colaboración en asuntos indígenas y de reconciliación. Los diálogos involucran al gobierno mexicano y canadiense, la sociedad civil y el mundo académico. Son un espacio que lideran las voces indígenas en ambos países y que promueven intercambios sobre temas culturales, socioeconómicos y políticos.
El objetivo de la mesa redonda fue intercambiar perspectivas y logros sobre la implementación del proyecto “Detección y prevención de la trata de personas en comunidades indígenas en México”.
Este proyecto fue financiado por el Gobierno de Canadá durante 2018-2021 mediante su Programa de Desarrollo de Capacidades contra el Crimen, un componente clave de la cooperación en materia de seguridad entre Canadá y México.
El evento contó con la participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y representantes de las Casas de la Mujer Indígena “Yoltika” en Tlaola, Puebla; “Kinchik’kan” en Papantla, Veracruz y “Ve’e Naxihi” en San Quintín, Baja California; comunidades piloto en las que se implementó el proyecto. En el marco del proyecto se presentó la campaña Corazón Azul para sensibilizar sobre la trata de personas en comunidades indígenas en México e incentivar las denuncias sobre delito.
Como lo mencionó el Embajador de Canadá en México, el Excmo. Sr. Graeme C. Clark, “Canadá y México comparten una identidad común como naciones con una rica herencia indígena, y ambos están en el camino de impulsar la reconciliación con los pueblos indígenas. Esto significa escuchar a los propios pueblos para dar voz a los desafíos que enfrentan y sus soluciones.”
Por su parte, el Representante de UNODC en México, el Sr. Kristian Hölge señaló que “gracias a la gran labor de las mujeres indígenas, hemos logrado generar redes de apoyo y de confianza que incorporen las voces de las personas. Nuestra estrategia: derechos humanos, perspectiva de género y un enfoque de interculturalidad.”
La Embajada de Canadá en México y UNODC se comprometen a seguir trabajando para amplificar las voces de las mujeres indígenas en contra de la trata de personas y realizar acciones de prevención y combate en el país.
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23 marzo 2022
Convocan a reto público para identificar riesgos de corrupción en instituciones públicas
Ciudad de México (PNUD).- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD) en México, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPC), presentaron la herramienta de Autodiagnóstico de Riesgos de Corrupción, con el propósito de promover su uso entre la ciudadanía y lanzaron como reto usar la herramienta como un apoyo para el desempeño de sus tareas y funciones.
Dicha herramienta está basada en el Modelo para la gestión de riesgos de corrupción en el sector público, una iniciativa del PNUD en México, en colaboración con la SESNA, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La principal intención es la de contribuir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”, así como a las prioridades 20, 21 y 25 establecidas en la Política Nacional Anticorrupción.
En el evento, el Presidente del CPC, Francisco Álvarez, lanzó un reto público para identificar riesgos de corrupción en instituciones públicas mediante la herramienta, a través de una Convocatoria publicada en el portal de dicho órgano. El reto consiste en invitar a todas las personas de los sistemas locales anticorrupción, de la academia, organizaciones de la sociedad civil y público interesado, a usar la herramienta como un apoyo para el desempeño de sus tareas y funciones con el objetivo de que se la apropien y socialicen al interior de sus instituciones, así como con sus socios.
Por su parte, Carlos Cortés Zea, Oficial Nacional de Gobernanza efectiva y democracia del PNUD en México, recordó que la corrupción está drenando los recursos de los países, necesarios para impulsar su recuperación socioeconómica por los efectos de la pandemia. También, dijo que está alimentando la pérdida de nuestro mundo natural y que la próxima generación de apoyo del PNUD en esta temática se enfoca en contribuir a que los países aprovechen el poder de la tecnología y la innovación para impulsar los esfuerzos anticorrupción.
Ricardo Salgado Perrilliat, Secretario Técnico de la SESNA, aseguró que la colaboración entre el PNUD en México, USAID y la SESNA ha sido muy nutrida y diversa, ya que se han impulsado acciones anticorrupción en materia de derechos humanos, análisis e identificación de variables, fortalecimiento de capacidades, ética pública, integridad corporativa, entre muchos temas más.
Por su parte, José Luis Gil, Titular de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción de USAID, señaló que es muy importante dar apoyo a estas iniciativas que buscan contribuir de manera integral a la transparencia y combate a la corrupción. Agradeció a nombre de USAID la invitación a tan importante conversación y, además, por la participación de todos y todas.
Posteriormente, Carlos Cortés de PNUD en México y Catalina Reyes, Subdirectora de Evaluación y Control en la SESNA, ofrecieron una demostración de uso de la herramienta, para dar paso a comentarios especializados en la materia por parte de Alfredo Elizondo, Coordinador General de GESOC; Ángeles Estrada, Directora Ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey; y Cynthia Dehesa, Directora Ejecutiva de Ciudadan@s por la Transparencia.
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17 marzo 2022
Se fortalece Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en alianza con la Iniciativa Spotlight
CIUDAD DE MÉXICO. El marco jurídico a favor de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes se fortalece en México con el liderazgo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el estrecho diálogo con Organizaciones de la Sociedad Civil y el impulso de la Iniciativa Spotlight, programa puesto en marcha por las Naciones Unidas y la Unión Europea.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, el Congreso de la Unión aprobó por unanimidad uno de los seis paquetes de reformas federales que la Iniciativa Spotlight ha contribuido a desarrollar a partir de las alianzas legislativas pactadas hace un año con la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
Se trata de una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que busca fortalecer el proceso para declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres aplicado actualmente en 22 estados del país, entre ellos Chihuahua, Estado de México y Guerrero, territorios donde es implementada la Iniciativa Spotlight.
La reforma, la cual fue turnada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor, resulta trascendental para millones de mujeres en México que viven en contextos de extrema violencia por razones de género. Según datos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2021 se registraron 3,750 mujeres víctimas de feminicidio y de homicidios dolosos. Por ello, esta reforma busca:
Ratificar el carácter extraordinario, urgente e inmediato de la Alerta.
Establecer un plazo máximo de 45 días naturales, entre la admisión de la Alerta y la declaración, para agilizar su aplicación.
Establecer la coordinación y responsabilidad de los tres niveles de gobierno para instrumentar las medidas presupuestales y administrativas necesarias.
Disponer la conformación de un grupo interinstitucional y multidisciplinario cuando se presente una solicitud de Alerta.
Crear una Comisión Especial en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública que permita verificar y promover que existan en las entidades federativas los elementos institucionales, normativos y estructurales de prevención, atención, sanción y erradicación, con el fin de prever la posible contingencia generada por la violencia feminicida o el agravio comparado.
Establecer los criterios para levantar la Alerta en los estados y municipios que logren modificar las condiciones extraordinarias sobre las cuales se establece la AVGM.
“¡Enhorabuena! A todas las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, pues desde aquí comienzan los cambios (…) La aprobación del dictamen en materia de Alerta de Violencia de Género nos habla de que necesitamos que este mecanismo sea pronto y expedito, al alcance de las víctimas, pero, sobre todo, corresponsable con la realidad que padecen las mujeres, niñas y jóvenes mexicanas. Ni un paso atrás. No les vamos a fallar”, declaró la Diputada federal Julieta Vences.
“Reconocemos la importancia de las modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputadas/os para ampliar la respuesta a la violencia contra las mujeres y niñas y fortalecer el mecanismo de Alerta de Violencia de Género”, indicó Peter Grohmann, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en México.
“Una gran satisfacción ver este importante avance legislativo al cual la Unión Europea ha contribuido a través del programa Spotlight implementado por Naciones Unidas y nuestros aliados mexicanos”, agregó Gautier Mignot, Embajador de la Delegación de la Unión Europea en México.
“(Desde ONU Mujeres) Reconocemos que modificar y fortalecer las normas y leyes es solo el primer paso para transformar la vida de las mujeres en México, por lo cual alentamos a las legisladoras y legisladores en todo el país a incorporar la perspectiva de género en su función legislativa, evitar a toda costa los retrocesos y desarrollar marcos normativos que garanticen a las mujeres y las niñas vivir una vida libre de violencia”, destacó Belén Sanz, Representante de ONU Mujeres México.
ALIANZA LEGISLATIVA
La reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia forma parte del trabajo impulsado por la Iniciativa Spotlight en materia de Legislación y Políticas Públicas. En el marco de la Iniciativa, ONU Mujeres México suscribió Memorandos de Entendimiento tanto con la Cámara de Diputados como con el Senado de la República en 2021 (VER NOTA), para fortalecer las alianzas legislativas y realizar acciones coordinadas que contribuyan a dar respuesta a las observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y eliminar los marcos normativos discriminatorios en México.
Desde entonces, ONU Mujeres México y su socio de implementación, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, A.C., han trabajado para desarrollar y presentar 6 paquetes de reformas que buscan tener un impacto en hasta 25 leyes a nivel federal. En el proceso de trabajo, 120 OSC fueron consultadas, además de expertas parlamentarias y equipos técnicos de la CONAVIM y el INMUJERES. Con el acompañamiento de estas instancias, la Iniciativa Spotlight continuará trabajando para el fortalecimiento de los marcos legislativos y de política orientados a la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.
Las temáticas de las otras reformas presentadas y aún en proceso de revisión y aprobación legislativa son: feminicidio y feminicidio infantil; niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por casos de feminicidio; perspectiva de género en las responsabilidades administrativas, violencia familiar, y Centros de Justicia para las Mujeres (VER NOTA).
Para conocer más sobre las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, dale clic AQUÍ.
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18 marzo 2022
Declaración del Foro de Alianzas México
El Foro de Alianzas de México culmina con la participación significativa y comprometida de más de 230 personas y 20 instituciones y dependencias de gobierno -federales, estatales y municipales, y organizaciones nacionales e internacionales pertenecientes al sector privado, organismos de cooperación y de la sociedad civil, academia y gremios de profesionistas.
A lo largo de dos jornadas de trabajo, todas las personas presentes enriquecieron con sus aportaciones, los debates y conversaciones necesarios para avanzar en la conformación y consolidación de alianzas sostenidas para el desarrollo, desde una perspectiva en la que la adecuada gestión del territorio sea la clave para generar procesos de cambio para alcanzar mejores condiciones de prosperidad y seguridad para nuestras ciudades, comunidades y centros de población de todo el país.
En el camino hacia la recuperación de la pandemia por COVID-19, México necesita propuestas innovadoras de políticas públicas, programas y proyectos, cuya implementación permita la reducción de desigualdades, la atracción de inversiones de impacto social con alto valor agregado, la mitigación y adaptación a la emergencia climática y el impulso a comunidades incluyentes, prósperas, seguras y en paz.
Para lograrlo, todos y todas las que en este Foro de Alianzas hemos participado, reconocemos el papel transformador de las alianzas multiactor y multisector como punto elemental de partida para desarrollar estas acciones hacia la prosperidad y el desarrollo sostenible.
Reconocemos también que para trabajar en alianzas multiactor y multisector se requiere, entre otros elementos:
Comprometerse de buena voluntad a fortalecer el ecosistema de alianzas multiactor y multisector para el desarrollo territorial sostenible
Generar una visión compartida que integre diversas perspectivas alrededor de un gran objetivo común
Definir una estructura de gobernanza que defina con claridad los roles y compromisos de cada organización aliada
Identificar el valor agregado y las aportaciones diferenciadoras que cada institución es capaz de ofrecer
Prospectar con pertinencia las prioridades de acción sobre las que las alianzas generadas trabajarán y, por supuesto,
Velar por la transparencia y rendición de cuentas en todo momento para ampliar los horizontes de colaboración con base en la confianza y la credibilidad.
Quienes aquí nos hemos reunido estamos convencidos de que el Foro de Alianzas México es solo el primer hito en el camino hacia la construcción de la Plataforma de alianzas e innovación para el desarrollo territorial sostenible, plataforma en la que sumaremos a todas y todos quienes han contribuido en este proceso de construcción de alianzas y a quienes decidan sumarse en el futuro para apoyar la implementación de acciones hacia la transformación.
En virtud de lo anterior, y con el fin de impulsar la creación y consolidación de la Plataforma de alianzas e innovación para el desarrollo territorial sostenible, quienes aquí representamos a las instituciones y dependencias del gobierno federal, estatal y municipal, así como a organizaciones nacionales e internacionales del sector privado, organismos de cooperación, sociedad civil, academia y gremios de profesionistas, declaramos los siguientes compromisos.
Hacia la conformación de alianzas transformadoras para el desarrollo sostenible
Trabajar conjuntamente para acelerar el proceso de recuperación social, económica y ambiental en el contexto de la COVID-19 y, con ello, promover condiciones de un futuro mejor y más sostenible para todas las personas, desde una perspectiva de derechos humanos, género, interculturalidad, curso de vida y territorio para la reducción de desigualdades.
Promover la participación significativa y las relaciones de colaboración entre personas, organizaciones y sectores interesados en conformar alianzas para la transformación, a partir de un enfoque participativo e incluyente que permita acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México.
Impulsar colaborativamente políticas públicas, programas y proyectos que contribuyan a la equidad territorial, a la reducción de desigualdades, y a mejorar las condiciones de seguridad en nuestras regiones, ciudades y comunidades rurales.
Declarar contundentemente un enfoque de trabajo colaborativo que reconozca al cambio climático como lo que es: la mayor emergencia global a la que se enfrenta la Humanidad, a fin de impulsar acciones específicas para la adaptación y mitigación, las cuales pongan al centro a las personas y su seguridad frente a riesgos múltiples.
Impulsar acciones para promover condiciones de prosperidad compartida en nuestras ciudades y comunidades, a partir de poner en valor sus recursos naturales, sociales y económicos, así como sus ventajas territoriales locales y, así, promover procesos endógenos de desarrollo y seguridad que incrementen las probabilidades de alcanzar una senda de crecimiento económico sostenido y sostenible.
En alianza, y desde las áreas de mayor experiencia de cada una de nuestras organizaciones e instituciones, promover iniciativas para el desarrollo sostenible desde un enfoque integral de política pública: planeación, programación, presupuestación, implementación, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas.
Contribuir al fortalecimiento de un enfoque de bien común que privilegie el interés superior de la mayoría sobre intereses particulares y fragmentados. De esta manera, lograremos la socialización de los beneficios generados por acciones de desarrollo sostenible en pro de la reducción de las condiciones de pobreza multidimensional y de desigualdad en todas sus formas, en favor, principalmente, de grupos de personas en situación de vulnerabilidad.
Construir un marco general de trabajo con objetivos específicos, incluida la definición de una estructura de gobernanza multiactor, para la implementación de acciones para el desarrollo sostenible con un enfoque de política pública que permita su replicabilidad y escalabilidad en el tiempo.
Aportar, en la medida de las capacidades de cada institución, dependencia y organización involucrada, recursos técnicos y humanos que permitan catalizar la Plataforma de alianzas e innovación para el desarrollo territorial sostenible, a partir de acciones específicas sobre proyectos con potencial de implementación, cuyos resultados motiven el involucramiento de otros actores y permitan consolidar nuestra alianza.
Continuar generando mecanismos institucionales que permitan vincular cada vez a más organizaciones, nacionales e internacionales, en la Plataforma de alianzas e innovación para el desarrollo territorial sostenible. Estos esfuerzos partirán de reconocer el valor de las recomendaciones, experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas que este Foro de Alianzas México nos ha dejado durante estos días de trabajo intenso. Sus aportaciones serán el incentivo ideal para que todas y todas quienes aquí participamos dispongamos de los medios y recursos disponibles para promover comunidades, urbanas y rurales, cada vez más incluyentes, prósperas, seguras y en paz, en beneficio de todas las personas.
Mérida, Yucatán a 18 de marzo de 2022
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27 mayo 2022
Directora de OPS urge a realizar mayores inversiones en atención primaria para alcanzar la salud universal
Ginebra, Suiza (OPS)- Alcanzar la salud universal requiere mayores inversiones en atención primaria de salud, contar con mecanismos financieros que garanticen el acceso a la atención, reducir casi a cero el gasto en salud que sale del bolsillo de las personas e invertir en una fuerza de trabajo calificada, afirmó la Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne.
En una mesa redonda desarrollada en forma paralela a la 75ª Asamblea Mundial de la Salud, Etienne indicó que “la atención primaria de salud es el cimiento para lograr el acceso y la cobertura universal de salud, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el desarrollo humano”, pero “a menos que se invierta más en atención primaria, no lo conseguiremos”, subrayó en el evento dedicado a la reorientación radical de los sistemas de salud hacia la atención primaria como base de la cobertura universal.
Se estima que cerca de un tercio de la población no tiene acceso a la atención primaria en las Américas, y que la inversión promedio en salud es de 4,2% del Producto Interno Bruto (PIB), inferior al 6% o más acordado en la Estrategia de la OPS para el acceso y la cobertura universal en salud de 2014.
“Debe haber una mayor inversión en salud”, reiteró Etienne y el 30% de esa inversión, sostuvo, debe ir a la atención primaria.
La Directora de la OPS también indicó que “se han hecho inversiones significativas en el desarrollo y la formación de trabajadores de salud de nivel terciario y secundario, pero no mucho en los de atención primaria”, e instó a trabajar con las instituciones académicas para tener médicos, enfermeras y otros trabajadores de salud alrededor de la atención primaria.
Asimismo, llamó a invertir en sistemas de derivación, transformación digital y en equipos y suministros para garantizar una atención de calidad. “A menos que aumentemos la capacidad del nivel primario de ofrecer servicios de calidad, nuestras poblaciones seguirán eludiendo la atención primaria y yendo a los hospitales donde el costo de atención es mucho mayor”, añadió.
La Directora de la OPS pidió a los delegados de los países llevar estos mensajes a los jefes de Estado. “Mucho antes de la pandemia, los sistemas de salud estaban en crisis y rotos. La COVID-19 dejó en evidencia que no los hemos desarrollado de manera suficiente”, afirmó Etienne. Los jefes de Estado “deben también tomar el mando de la transformación radical de nuestros servicios de salud basados en atención primaria”, aseveró.
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26 mayo 2022
Frontera noroeste de México – Niños y familias desplazadas “altamente vulnerables”, señalan El Colef y UNICEF
Crimen organizado y violencia familiar y de género principales motores de los desplazamientos forzados.
Cerca del 30% del total los desplazados son niñas, niños y adolescentes.
Tijuana, Baja California, 26 de mayo de 2022.- Niñas, niños y adolescentes llegados a Baja California tras verse desplazados forzosamente de otras zonas de México enfrentan serias dificultades de acceso a servicios de protección, educación y salud, lo que los hace altamente vulnerables, señala un nuevo informe elaborado por El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
El informe – “Es mucho daño lo que yo tengo. Niñas, niños y adolescentes desplazados forzados internos en la frontera norte de México” – revela que el desplazamiento forzado de la niñez y adolescencia en el país se caracteriza por la ausencia de atención especializada y respuesta integral a sus necesidades.
“Este informe revela que el impacto del desplazamiento forzado en las vidas de niñas, niños y adolescentes no se limita a los efectos inmediatos de la interrupción de su educación o del cambio abrupto de residencia. Sin intervención oportuna, está en riesgo su bienestar y desarrollo a largo plazo”, señaló Fernando Carrera Castro, Representante de UNICEF en México. “El tener que abandonar forzosamente sus lugares de origen los expone a violaciones graves a su integridad física y emocional, a su derecho a la educación y a otros derechos, por lo que requieren de una respuesta coordinada e integral desde el ámbito de la política pública”.
El informe, basado en investigaciones realizadas en albergues para migrantes durante el último trimestre de 2020, muestra la situación de estos niños, niñas y adolescentes respecto a sus derechos, la atención y recursos que reciben o no y las aportaciones por parte de dependencias e instituciones gubernamentales y de la sociedad civil. Ofrece además recomendaciones de política pública en cuanto a medidas de actuación especializada urgentemente necesarias para garantizar el bienestar de todo niño, niña y adolescente afectado, entre las cuales resaltan:
Establecer un marco nacional de atención integral al desplazamiento interno.
Desarrollar legislación dirigida a la creación de mecanismos, procedimientos e instrumentos de política pública desde una perspectiva de derechos, enfoque de género, interseccionalidad y atención especializada para infancia y adolescencia.
Apoyar planes de pacificación en los estados de origen.
Entre las principales causas del desplazamiento forzado de esta población infantil y adolescente en México se encuentran, según señala el informe, la violencia vinculada al crimen organizado, la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Muchas de las familias e individuos afectados se desplazan a la frontera norte para intentar cruzar a Estados Unidos y solicitar asilo como media de protección tras haber enfrentado homicidios y desapariciones de familiares, amigos y vecinos, reclutamiento por parte del crimen organizado, abuso y explotación sexual, violencia de género y extorsión, entre otras situaciones, y sienten que no pueden volver a sus comunidades de origen de manera segura.
Desde 2014, se ha registrado una llegada continua de familias a diferentes espacios de alojamiento en Tijuana, procedentes principalmente de Guerrero y Michoacán, que abandonaron sus localidades de origen por diversos motivos y no desean volver a ellas. El informe señala que, de acuerdo a información del Observatorio de Desplazamiento Interno in Ginebra (IDMC, por sus siglas en inglés), en 2018 había 338,000 personas desplazadas en todo México por motivos de conflicto y violencia, de las cuales 105,000 (31% del total) eran niñas, niños y adolescentes. Para finales de 2021, la estimación llegó a 379,246 personas.
Las dificultades para recibir asilo en los Estados Unidos, combinadas con debilidades en las políticas públicas para la atención integral de personas desplazadas internas en México, coloca a los afectados en situaciones de alta vulnerabilidad, particularmente en el caso de niños, niñas y adolescentes que enfrentan una prolongada inmovilidad en la frontera en condiciones poco propicias para su desarrollo.
El acceso a servicios de protección para la niñez y adolescencia es especialmente preocupante, por lo que el informe recomienda evaluar debidamente las necesidades individuales de protección especial, las posibilidades de reintegración familiar o de proveer cuidados alternativos, la posibilidad y el deseo de volver a la localidad de origen y de recibir el apoyo necesario para la reintegración comunitaria, o la reubicación permanente en otras zonas del país.
UNICEF, en alianza con autoridades estatales de Baja California, está trabajando para fortalecer tanto el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia afectada por el desplazamiento forzado en general como el fortalecimiento de los mecanismos de atención, derivación de casos, evaluación y posterior determinación del interés superior del niño, niño o adolescente en casos particulares.
NOTA PARA EDITORES
Las personas en situación de desplazamiento interno, según la definición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), son aquellas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o lugar de residencia habitual, como resultado o vía para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a sus derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.
La presentación del informe “Es mucho daño lo que yo tengo. Niñas, niños y adolescentes desplazados forzados internos en la frontera norte de México”, se encuentra disponible a través de: https://www.colef.mx/evento/es-mucho-dano-lo-que-yo-tengo-ninas-ninos-y-adolescentes-desplazados-forzados-internos-en-la-frontera-norte-de-mexico/
El informe se encuentra en https://www.unicef.org/mexico/informes/es-mucho-da%C3%B1o-lo-que-yo-tengo
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25 mayo 2022
Más de 20.000 reubicaciones como parte de los esfuerzos de integración de personas refugiadas en México
CIUDAD DE MÉXICO – Entre 2016 y mayo de 2022, 21.935 personas refugiadas y solicitantes de asilo han sido reubicadas dentro de México desde estados del sur, donde las oportunidades de integración y los servicios para las personas reconocidas como refugiadas son limitados, a once ciudades del centro y del norte del país. La mitad de estas reubicaciones se logró en los últimos diez meses.
Más del 70 por ciento de todas las solicitudes de asilo en México se presentan en el estado sureño de Chiapas. El Programa de Reubicación e Integración Local ayuda a la población refugiada y solicitante de asilo a trasladarse voluntariamente e integrarse en ciudades del centro y norte del país, donde la oferta laboral y de vivienda, así como los sistemas de educación y salud, facilitan la integración efectiva. Esto es resultado de la dinámica demográfica y económica en la zona centro, occidente y norte de México, catalizada por una mejor capacidad de absorción para responder a las necesidades de la población.
ACNUR apoya a las personas que participan en el programa con alojamiento temporal, orientación cultural, formación profesional, matriculación escolar y colocación laboral. Después de dos años de residencia permanente, las personas refugiadas pueden solicitar la naturalización.
“El programa forma parte de una estrategia más amplia de ACNUR de inclusión de las personas refugiadas”, dijo Giovanni Lepri, Representante de ACNUR en México, destacando que muchas de las personas refugiadas logran estabilizarse en las ciudades en las que solicitan asilo, sin necesidad de ser reubicadas, y a quienes ACNUR apoya a través de distintos programas. El ACNUR ha apoyado con diversos aspectos de sus programas de integración a varias decenas de miles de personas en los últimos años.
Según un reciente estudio de Naciones Unidas, solo 10 por ciento de las personas refugiadas en el sur de México tenía empleo y 17 por ciento contaba con trabajos informales esporádicos. Después de su reubicación, 92 por ciento tenía un empleo formal, con ingresos que eran, en promedio, 60 por ciento más altos que en el sur. Actualmente, más de 250 empresas nacionales y multinacionales emplean a personas refugiadas como parte del programa.
El Estado mexicano también se beneficia de la incorporación al mercado laboral formal de la población refugiada. Las personas participantes en el programa contribuyen anualmente con más de 117 millones de pesos mexicanos (USD 5.9 millones) en impuestos y contribuciones estatales. En los próximos 12 meses, se proyecta que las más de 20.000 personas refugiadas reubicadas hasta ahora generarán un total de aportaciones estatales que exceden el presupuesto de 2021 de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
Las personas refugiadas traen experiencia y habilidades diversas. De acuerdo con una encuesta aplicada a integrantes del programa, 37 por ciento cuenta con experiencia en servicios, 12 por ciento en construcción y 10 por ciento, en agricultura, trayectoria que les ayuda a insertarse en la economía mexicana.
En México, ACNUR busca reubicar anualmente a 20.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo de las zonas del sur. Para lograrlo, trabaja con el apoyo financiero de fundaciones del sector privado, en colaboración con las autoridades federales y locales. Estos esfuerzos están respaldados por compromisos asumidos como parte del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), un mecanismo que agrupa seis países de Centroamérica y México, que tiene como objetivo abordar las causas y consecuencias del desplazamiento forzado en la región.
“Aun cuando las oportunidades de integración de las personas refugiadas en México van al alza y tenemos ejemplos muy positivos, todavía persisten retos para garantizar una integración plena, tales como el acceso a servicios bancarios y el acceso al Registro Federal de Contribuyentes, que son fundamentales para que las personas puedan ser contratadas”, dijo Lepri.
Cada vez más personas encuentran protección internacional en México. En 2021, más de 131.000 personas solicitaron asilo en México, una cantidad récord, 220 por ciento más que en 2020.
Para más información favor de contactar:
En Mexico, Silvia Garduño, garduno@unhcr.org +52 1 55 2848 7440
En México, Sibylla Brodzinsky brodzins@unhcr.org, +52 55 80485054
En Panamá, William Spindler spindler@unhcr.org, +507 6382 7815
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25 mayo 2022
Estado de México, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz suman esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción
Oaxaca, 24 de mayo de 2022 – Intercambio de buenas prácticas anticorrupción, identificación de áreas de oportunidad y generación de sinergias entre instituciones son algunos de los resultados de la visita in situ al estado de Oaxaca por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México.
En el marco del Tercer Ciclo de implementación del Mecanismo de Revisión entre Pares de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), la Oficina realizó diversas actividades de trabajo con instituciones gubernamentales de los estados de México, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz.
Asimismo, se llevó a cabo la revisión de los artículos 9, 10 y 33 de la CNUCC en materia de contratación pública y gestión de la Hacienda Pública, información pública y protección a denunciantes, respectivamente.
En esta ocasión, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca fueron revisadas por sus pares de los estados de México, Sinaloa y Veracruz.
Participó en estas actividades la Subdirectora de la Oficina de Gobernanza, Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Sra. Monique Murad. USAID respalda y acompaña el desarrollo de este proyecto de fortalecimiento de las capacidades de prevención y combate a la corrupción a nivel local en el país.
UNODC México seguirá sumando esfuerzos con todas las instituciones participantes que han manifestado su compromiso y disposición a esta iniciativa.
La implementación de estas acciones contribuye con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 16: Paz, justicia e instituciones sólidas y 17: Alianzas para lograr los Objetivos de la Agenda 2030.
***
Para más información, favor de contactar a:
Luz María Guzmán: luz.guzmanlozano@un.org
***
UNODC agradece la presencia como observadores de esta actividad de:
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción
La Auditoría Superior de la Federación
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
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25 mayo 2022
La FAO lanza Un País, un Producto Prioritario en América Latina y el Caribe
Santiago, Chile - América Latina y el Caribe se unió a la Iniciativa Global sobre el Desarrollo de Productos Agrícolas Especiales: Un País, un Producto Prioritario (OCOP, por sus siglas en inglés), impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El objetivo de OCOP es apoyar a pequeños agricultores a impulsar productos agrícolas con valor especial –desarrollados con prácticas sostenibles e innovadoras– en los mercados globales.
En la región, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Trinidad y Tobago y Venezuela están trabajando con el cacao y Cuba, Guatemala y Panamá con el café. Nicaragua quiere promover la ganadería, y Argentina y Chile están trabajando con la miel.
Para impulsar estos productos, la FAO capacita a los países en la aplicación de una metodología llamada Iniciativa de los Sistemas Agroalimentarios Integrados (IASI por sus siglas en inglés), creada por Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo.
Ésta metodología analiza la situación actual de un producto y permite proyectar escenarios futuros, construyendo así planes estratégicos entre gobiernos, productores, investigadores, sociedad civil y privados, que permiten establecer prioridades y objetivos a largo plazo para apoyar la intensificación sostenible de los sistemas agroalimentarios seleccionados.
Chile, Guatemala y Trinidad y Tobago
El 90 por ciento de la miel que produce Chile es exportada a la Unión Europea y a Estados Unidos. La miel es una gran oportunidad de negocios para las 10 mil explotaciones que se dedican a la miel en el país, con 454 mil colmenas que generan distintos productos apícolas; OCOP trabajará para dotar al sector de una estrategia de valor y posicionamiento de la miel para el mercado externo e interno.
Guatemala es uno de los principales exportadores de café a nivel mundial: más de 120 mil caficultores de pequeña escala y sus familias dependen directamente del café, y el sector genera más de 500 mil puestos de trabajo.
La FAO busca apoyar al país a impulsar la inversión en innovación, tecnología, capacitación, asistencia técnica y mercadeo, para mejorar el desempeño del sector.
Trinidad y Tobago es uno de los ocho países certificado como productor de cacao fino de aroma, un producto de alta calidad y reconocimiento internacional. El 65 por ciento del cacao del país proviene de pequeños productores (menos de 5 hectáreas), y el país exporta mayoritariamente granos fermentados.
El potencial económico total de este producto se encuentra actualmente sub-explotado; FAO busca impulsar la inversión en el fortalecimiento de esta cadena de valor, otorgando inteligencia de mercado.
En México, OCOP trabajará con el amaranto, producto de gran importancia para pequeñas y pequeños productores del centro y sur de México. El amaranto se cultiva en superficies menores a una hectárea, bajo sistemas agrícolas tradicionales, como la milpa y las chinampas.
A pesar de sus propiedades nutricionales, alimenticias y de sus características de adaptación climática, el amaranto enfrenta una baja demanda en la población mexicana: OCOP buscará trabajar para potenciar el consumo
Un País, un Producto Prioritario
La iniciativa OCOP fue lanzada a nivel mundial por el director general de la FAO, QU Dongyu, en septiembre de 2021.
Las experiencias de Chile, Guatemala y de Trinidad y Tobago, fueron presentadas en el lanzamiento regional de OCOP realizado el miércoles 25 de mayo de 2022
Más información:
Contacto para medios:
FAO México
@FAOMexico
Comunicado en línea
Ana María Luna Villegas
ana.lunavillegas@fao.org
Tel: 55 270 26697
ana.lunavillegas@fao.org
Tel: 55 270 26697
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Comunicado de prensa
25 mayo 2022
ONU-DH condena los asesinatos de Cecilia Monzón Pérez y Humberto Valdovinos Fuentes, personas defensoras de derechos humanos
Ciudad de México, 25 de mayo de 2022.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena los asesinatos de la defensora de derechos humanos y abogada Cecilia Monzón Pérez, ocurrido el 21 de mayo, en San Pedro Cholula, Puebla; y del defensor del derecho a la tierra y territorio y de los derechos del pueblo afromexicano, Humberto Valdovinos Fuentes, ocurrido el 23 de mayo, en Pinotepa Nacional, Oaxaca.
De acuerdo con la información recibida, el 21 de mayo, Cecilia Monzón Pérez fue atacada por hombres armados en el momento en que transitaba en San Pedro Cholula. Cecilia Monzón era una reconocida defensora de los derechos de las mujeres y abogada. Había solicitado en múltiples ocasiones protección del estado a raíz de las numerosas amenazas de las que había sido víctima estos últimos años.
“Además de la urgente necesidad de evitar la impunidad de estos crímenes, es fundamental que se incluya la perspectiva de género como un elemento central del proceso de investigación, sanción y reparación, y que se esclarezca de manera pronta, diligente e imparcial, las circunstancias de su asesinato, en particular determinar si ocurrió en represalia a su labor de defensa de los derechos humanos” señaló Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de la ONU-DH.
La ONU-DH también recibió información de que el 23 de mayo, el señor Humberto Valdovinos Fuentes fue asesinado por personas armadas en el municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca. El señor Valdovinos Fuentes era un reconocido defensor de los derechos del pueblo afromexicano y pertenecía al Comité de Seguridad de la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (UCIDEBACC).
"Estos dos asesinatos son nuevos ejemplos de la violencia de quienes intentan silenciar a las personas que denuncian el racismo, la violencia de género, defienden los derechos fundamentales de personas y comunidades históricamente discriminadas. Es preciso que todas las entidades estatales concernidas sumen esfuerzos para enviar un claro mensaje de que es posible poner fin a este ciclo de impunidad y prevenir estos ataques. A la voluntad política estatal debería sumarse también un firme apoyo y movilización de todos los actores de la sociedad en reconocimiento de la labor de quienes defienden los derechos humanos de todas las personas", añadió Fernández-Maldonado.
La ONU-DH reitera su llamado a las autoridades de los estados de Puebla y de Oaxaca a que realicen averiguaciones prontas y objetivas, donde es preciso se agoten todas las líneas de investigación, y que se determinen los móviles y los autores materiales e intelectuales de estos crímenes.
La ONU-DH expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad con las familias y amistades de la señora Cecilia Monzón Pérez y del señor Humberto Valdovinos Fuentes.
FIN
Para más información y solicitudes de prensa, contacte a Tania García Galván Tel: +5255 5061 6374, cel. +52 1 55 5438 1729 / tania.garciagalvan@un.org
ONU-DH México, www.hchr.org.mx, síguenos en las redes sociales:
Facebook: OnudhMexico
Twitter: @onudh_mx
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De acuerdo con la información recibida, el 21 de mayo, Cecilia Monzón Pérez fue atacada por hombres armados en el momento en que transitaba en San Pedro Cholula. Cecilia Monzón era una reconocida defensora de los derechos de las mujeres y abogada. Había solicitado en múltiples ocasiones protección del estado a raíz de las numerosas amenazas de las que había sido víctima estos últimos años.
“Además de la urgente necesidad de evitar la impunidad de estos crímenes, es fundamental que se incluya la perspectiva de género como un elemento central del proceso de investigación, sanción y reparación, y que se esclarezca de manera pronta, diligente e imparcial, las circunstancias de su asesinato, en particular determinar si ocurrió en represalia a su labor de defensa de los derechos humanos” señaló Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de la ONU-DH.
La ONU-DH también recibió información de que el 23 de mayo, el señor Humberto Valdovinos Fuentes fue asesinado por personas armadas en el municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca. El señor Valdovinos Fuentes era un reconocido defensor de los derechos del pueblo afromexicano y pertenecía al Comité de Seguridad de la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (UCIDEBACC).
"Estos dos asesinatos son nuevos ejemplos de la violencia de quienes intentan silenciar a las personas que denuncian el racismo, la violencia de género, defienden los derechos fundamentales de personas y comunidades históricamente discriminadas. Es preciso que todas las entidades estatales concernidas sumen esfuerzos para enviar un claro mensaje de que es posible poner fin a este ciclo de impunidad y prevenir estos ataques. A la voluntad política estatal debería sumarse también un firme apoyo y movilización de todos los actores de la sociedad en reconocimiento de la labor de quienes defienden los derechos humanos de todas las personas", añadió Fernández-Maldonado.
La ONU-DH reitera su llamado a las autoridades de los estados de Puebla y de Oaxaca a que realicen averiguaciones prontas y objetivas, donde es preciso se agoten todas las líneas de investigación, y que se determinen los móviles y los autores materiales e intelectuales de estos crímenes.
La ONU-DH expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad con las familias y amistades de la señora Cecilia Monzón Pérez y del señor Humberto Valdovinos Fuentes.
FIN
Para más información y solicitudes de prensa, contacte a Tania García Galván Tel: +5255 5061 6374, cel. +52 1 55 5438 1729 / tania.garciagalvan@un.org
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Comunicado de prensa
18 mayo 2022
Declaración atribuible al Portavoz del Secretario General sobre las desapariciones en México
NUEVA YORK (18 de mayo de 2022).- António Guterres transmite su profunda solidaridad a los familiares de las víctimas que anhelan reunirse con sus seres queridos, los buscan incansablemente y siguen luchando por la verdad, la justicia y las garantías de que esto no vuelva a suceder.
El Secretario General elogia las medidas positivas adoptadas por el Gobierno mexicano para garantizar los derechos de las víctimas de desapariciones y alienta a las autoridades mexicanas a seguir acelerando los avances. También celebra que algunas de estas medidas se estén aplicando con el apoyo de las Naciones Unidas, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED).
Las Naciones Unidas renuevan su compromiso de acompañar a México en sus esfuerzos por prevenir y combatir esta grave violación de los derechos humanos, que causa un extraordinario sufrimiento a las víctimas y sus familias y perjudica a la sociedad en su conjunto.
Stéphane Dujarric, Portavoz del Secretario General
El Secretario General elogia las medidas positivas adoptadas por el Gobierno mexicano para garantizar los derechos de las víctimas de desapariciones y alienta a las autoridades mexicanas a seguir acelerando los avances. También celebra que algunas de estas medidas se estén aplicando con el apoyo de las Naciones Unidas, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED).
Las Naciones Unidas renuevan su compromiso de acompañar a México en sus esfuerzos por prevenir y combatir esta grave violación de los derechos humanos, que causa un extraordinario sufrimiento a las víctimas y sus familias y perjudica a la sociedad en su conjunto.
Stéphane Dujarric, Portavoz del Secretario General
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Comunicado de prensa
18 mayo 2022
ONU México presenta resultados sobre el programa Cerrando Brechas, protección social para las mujeres en México
Ciudad de México, 18 de mayo de 2022.- En el marco del cierre del programa Cerrando Brechas: Protección social para las mujeres en México, se llevó a cabo la presentación de resultados obtenidos desde su lanzamiento en febrero del 2020 a mayo del 2022.
Este Programa interagencial de Naciones Unidas, financiado por el Fondo Conjunto de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fue implementado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), en articulación con el gobierno de México y organizaciones e instituciones del Estado mexicano a nivel federal y estatal.
El proyecto tuvo una duración de dos años e impactó a nivel nacional y estatal en la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Jalisco y Oaxaca. El objetivo fue incrementar el acceso a la protección social para las mujeres, especialmente de aquellas en situación de exclusión como jornaleras agrícolas y trabajadoras del hogar, incluyendo el apoyo a una Estrategia Nacional de Cuidados.
Esto se realizó mediante el acompañamiento y asesoría a los gobiernos federal y locales, así como al Senado de la República, para desarrollar o fortalecer leyes, políticas y estrategias que incrementen el acceso de las mujeres a la protección social, así como mediante la capacitación y generación de conocimiento y evidencia para funcionariado público, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, trabajadoras del hogar y jornaleras agrícolas en la materia.
El Programa Cerrando Brechas tuvo como resultados:
Insumos para el desarrollo de iniciativas de leyes nacionales o reformas en materia de Sistema Nacional de Cuidados y régimen obligatorio para trabajadoras del hogar, mediante asistencia técnica, incluido un pilotaje de un sistema de cuidados a nivel local.
Asesoría y acompañamiento técnico en el proceso legislativo y en el desarrollo del programa piloto del IMSS al que se han afiliado 43,158 personas trabajadoras del hogar.[1]
Más de 1800 personas han desarrollado competencias en protección social e igualdad de género, incluyendo personas trabajadoras del hogar, jornaleras agrícolas, funcionariado público y sector privado.
Mecanismos de toma de decisión establecidos y convenios de colaboración entre gobiernos estatales de Jalisco y Oaxaca, y el sector privado para aumentar la protección social de las jornaleras agrícolas.
Estos resultados son producto del exitoso modelo multiactor que ha generado el programa. Las alianzas de las agencias de Naciones Unidas con el gobierno federal, los gobiernos locales, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, academia, trabajadoras del hogar y jornaleras agrícolas, ha sido clave para incrementar el acceso a la protección social de las mujeres en México.
Durante la presentación de resultados, se contó con la participación de Peter Grohmann, Coordinador Residente de Naciones Unidas en México; Gerson Eli Martínez Ramos, Especialista en Políticas de Empleo de la OIT para América Central, Haití, Panamá, República Dominicana, México y Cuba; Belén Sanz Luque, Representante de ONU Mujeres en México; Lina Pohl Alfaro, Representante de FAO en México y un mensaje de Lisa Kurbiel, Jefa del Fondo Conjunto ODS de Naciones Unidas.
Al respecto, Peter Grohmann, Coordinador Residente de Naciones Unidas en México, destacó: “¡Hemos sentado las bases! Cerrando Brechas: Protección Social para Mujeres en México, nos ha planteado una hoja de ruta, que continuaremos impulsando, movilizando acciones y recursos para este fin."
Durante su mensaje, Lisa Kurbiel, Jefa del Fondo Conjunto ODS de Naciones Unidas, resaltó que “el Programa Conjunto está generando una respuesta integral enfocada en satisfacer las necesidades de las mujeres en situación de vulnerabilidad; aumentar los servicios de protección para ellas y sus dependientes; y promover el trabajo decente en el contexto de la pandemia de COVID19. Este Programa es, por lo tanto, un ejemplo a nivel global de cómo abordar de manera integral y coordinada el ODS 1 sobre reducción de la pobreza; el ODS 5, centrado a la igualdad de género; y el ODS 8, sobre trabajo decente.”
“Desde la OIT hemos tenido privilegio de acompañar los esfuerzos de las personas trabajadoras del hogar por hacer efectivos sus derechos reconocidos en el Convenio 189. Tengo la sincera esperanza de que esta labor – que incluye la reforma a la Ley del Seguro Social – contribuirá a generar un mundo del trabajo más digno y justo para este sector”, señaló Gerson Eli Martínez Ramos, Especialista en Políticas de Empleo de la OIT para América Central, Haití, Panamá, República Dominicana, México y Cuba.
“Hemos trabajado para apoyar a México en sentar las bases de un Sistema Nacional de Cuidados que contribuya al bienestar de las personas, a la creación directa e indirecta de empleos de calidad que faciliten la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, lo que supone un retorno de ingresos para el Estado vía impuestos, cotizaciones y una mayor renta para las personas y las familias”. Destacó Belén Sanz, Representante de ONU Mujeres en México.
Por su parte, Lina Pohl, Representante de FAO en México, mencionó: “Hemos impulsado políticas públicas desde los gobiernos locales de Jalisco y Oaxaca que focalizan las necesidades específicas de las jornaleras agrícolas y de las mujeres rurales. Ellas aportan con su trabajo la mitad de la producción de alimentos en el mundo, contribuyendo de manera directa a la seguridad alimentaria y nutricional. De ahí la relevancia de reconocer el fenómeno de la migración interna rural, promover el acceso al empleo rural decente y fomentar programas y estrategias del sector público y privado que extiendan la protección social a favor de ellas de manera efectiva”
Además, se contó con la presencia de diversas instituciones de los gobiernos federal, local, cuerpo diplomático y de organizaciones de la sociedad civil: Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretariado Ejecutivo de la Oficina de la Agenda 2030 de la Secretaría de Economía; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Instituto Mexicano del Seguro Social; Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco; Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México; Instituto Nacional de las Mujeres; Comisión para la Igualdad de Género; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Alcaldía de Iztapalapa; Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Jalisco; Secretaría de Bienestar de Oaxaca; Consejo Nacional Agropecuario; Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas / CECIG; Embajadas de Irlanda, Suecia, Noruega, Suiza, Alemania, España y la Delegación de la Unión Europea en México; Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México; El Colegio de México y la Red de Cuidados en México; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; Hogar Justo Hogar A.C.; Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar; Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH).
OIT, ONU Mujeres y FAO, como siguientes pasos, continuarán fortaleciendo alianzas y acciones para el seguimiento a los resultados del Programa y cerrar otras brechas en el acceso a la protección social de las mujeres en México.
Conoce más del Programa Cerrando Brechas en: https://jointsdgfund.org/where-we-work/mexico
[1] http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo?page=1
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Comunicado de prensa
17 mayo 2022
Bachelet llama a México a redoblar esfuerzos tras alcanzar la trágica cifra de más de 100,000 desapariciones
GINEBRA (17 de mayo de 2022) – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado el día de hoy a las autoridades mexicanas para redoblar los esfuerzos a fin de garantizar la verdad y la justicia a las víctimas de desaparición, que ya superan las 100,000, según datos oficiales.
“El flagelo de las desapariciones es una tragedia humana de enormes proporciones”, dijo Bachelet. “Ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abusos de dimensión extraordinaria, así como para reivindicar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
El registro nacional ha estado recopilando desapariciones que datan desde 1964. Según dicho registro, alrededor de una cuarta parte de las personas desaparecidas son mujeres, mientras que aproximadamente una quinta parte tenían menos de 18 años al momento de su desaparición. Más del 97 por ciento de las desapariciones, cuya fecha se conoce, ocurrieron posterior a diciembre de 2006, cuando México transitó a un modelo militarizado de seguridad pública.
Solo 35 de las desapariciones registradas han alcanzado la condena de los perpetradores. Esta abrumadora tasa de impunidad se atribuye principalmente a la falta de investigaciones efectivas. Lo anterior deja solas a las familias de las víctimas, quienes ya están profundamente afectadas por la desaparición de sus seres queridos, con la carga adicional de intentar esclarecer qué les sucedió.
“Durante mi visita a México en 2019, pude conocer de primera mano la valentía de las familias de las víctimas, quienes han sido actores clave para organizar y proponer soluciones, y lograr avances legales e institucionales encaminados a que se reconozca la magnitud de esta problemática en México”, declaró la Alta Comisionada.
Bachelet rindió homenaje a las y los integrantes de familias que han perseverado durante décadas en la búsqueda de la verdad y la justicia, incluida Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo Jesús Piedra Ibarra fue víctima de desaparición forzada en 1975. Doña Rosario, quien murió en abril, ayudó a localizar con vida aproximadamente a 150 personas desaparecidas y devolverlas a sus familias.
México ha dado pasos significativos, incluida la aprobación de la Ley General de desapariciones, la creación de comisiones de búsqueda en todos los estados, y, más recientemente, del Centro Nacional de Identificación Humana. También ha creado comisiones para examinar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990, así como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, y ha establecido el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
En 2020, México reconoció la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) para examinar comunicaciones individuales. En junio de 2021, en una decisión histórica, la Suprema Corte reconoció el carácter vinculante de las Acciones Urgentes del CED. En noviembre de 2021, México se convirtió en el primer país en aceptar la visita del CED, que estuvo en 13 entidades federativas y atendió más de 150 reuniones con autoridades, organizaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
Bachelet mencionó que espera que estos pasos positivos allanen el camino para prevenir más desapariciones, esclarecer el paradero de las personas desaparecidas, mejorar el acceso a la justicia y garantizar los derechos de las víctimas.
Bachelet también instó a México a implementar de manera efectiva todas las recomendaciones del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzada, al igual que todos los aspectos de la Ley General de desapariciones, incluyendo la creación del Banco Nacional de Datos Forenses y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.
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Ravina Shamdasani : + 41 22 917 9169 / ravina.shamdasani@un.org o
Liz Throssell + 41 22 917 9296 / elizabeth.throssell@un.org o
Lori Brumat - + 41 22 928 9149 / lori.brumat@un.org
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Comunicado de prensa
16 mayo 2022
Las personas desplazadas LGBT enfrentan desafíos exacerbados cuando buscan refugio
GINEBRA (16 de mayo de 2022) - Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, un grupo de Expertos en derechos humanos de la ONU y de organismos regionales han instado hoy a los gobiernos a garantizar que las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género diverso (LGBT) que huyen de la persecución sean protegidas contra la violencia y tratadas con dignidad. Los expertos emitieron la siguiente declaración conjunta:
“Entre los 84 millones de personas desplazadas en todo el mundo en la actualidad, las personas LGBT se encuentran entre las más vulnerables y marginadas. Al huir de la persecución y la exclusión socioeconómica, residen en países que no ofrecen una sólida protección de los derechos humanos, o que discriminan activamente por motivos de orientación sexual e identidad de género.
Las vulnerabilidades estructurales a las que se enfrentan las personas LGBT se ven intensificadas por su estatus como migrantes, solicitantes de asilo, refugiados o desplazados internos.
La persecución por parte de agentes estatales y no estatales, así como la exclusión socioeconómica alimentada por la estigmatización, la discriminación, los conflictos armados, las catástrofes naturales y el cambio climático obligan a muchas personas de orientación sexual e identidad de género diversas a huir de sus hogares en busca de un entorno seguro en el que puedan vivir auténticamente y ejercer plenamente sus derechos.
Más de dos tercios de las personas desplazadas en el mundo no han cruzado ninguna frontera nacional en su búsqueda de seguridad. Las personas desplazadas internas que son LGBT en Estados que criminalizan las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo y/o las diversas identidades de género rara vez son reconocidas y abordadas de manera sistemática por las instituciones que apoyan a los desplazados internos, la mayoría de las veces en zonas frágiles o afectadas por conflictos.
Muchas personas LGBT en situación de desplazamiento forzoso que cruzan una frontera internacional llegan a países donde se enfrentan a riesgos similares o mayores de violencia, así como xenofobia, racismo, misoginia, discriminación por motivos de edad, marginación socioeconómica y aislamiento de redes de apoyo tradicionales. En todas las etapas de su viaje, pueden ser especialmente vulnerables a la violencia, los abusos y la explotación por parte de numerosos actores, entre los que se incluyen, aunque no exclusivamente, las autoridades de inmigración y seguridad, los traficantes y los contrabandistas.
“Dado que el número de personas desplazadas por la fuerza sigue aumentando, los Estados, las empresas y las organizaciones humanitarias y de la sociedad civil deben invertir en el desarrollo de políticas y programas basados en los derechos humanos que tengan plenamente en cuenta las dimensiones interseccionales del desplazamiento forzado y la orientación sexual y la identidad de género, promoviendo una mayor colaboración y coordinación entre todos los actores responsables de la protección de las personas desplazadas LGBT.
Por último, el paso fundamental para hacer frente al creciente número de personas LGBT desplazadas por la fuerza en todo el mundo es abordar las causas profundas del desplazamiento forzado y garantizar que las personas LGBT puedan vivir libres de violencia y discriminación en sus comunidades, mediante la aplicación de leyes y políticas públicas que puedan transformar el círculo vicioso de abusos que les obliga a buscar protección en otro lugar en primer lugar.”
Vea la declaración completa aquí.
FIN
(*) Los expertos: Víctor Madrigal-Borloz, Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género; Felipe González Morales, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; Balakrishnan Rajagopal, Relator especial sobre la vivienda adecuada; Clément N. Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Olivier De Schutter, Relator Especial sobre la extrema pobreza; Javaid Rehman, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán; Claudia Mahler, Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos de las personas de edad; David R. Boyd, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente; Tomoya Obokata, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; Fionnuala Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; E. Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo; Sorcha MacLeod (Presidenta-Relatora), Jelena Aparac, Ravindran Daniel, Chris Kwaja, Grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios; Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento; Ian Fry, Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático; Elżbieta Karska (Presidenta-Relatora), Fernanda Hopenhaym (Vicepresidenta), Anita Ramasastry, Pichamon Yeophantong, Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; Miriam Estrada-Castillo (Presidenta-Relatora), Mumba Malila (Vicepresidenta), Elina Steinerte, Priya Gopalan, Matthew Gillett, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Alexandra Xanthaki, Relatora Especial en el ámbito de los derechos culturales; Siobhán Mullally, Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; Francesca Albanese, Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967; Fernand de Varennes, Relator Especial sobre cuestiones de las minorías; Melissa Upreti (Presidenta), Dorothy Estrada Tanck (Vicepresidenta), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić, Meskerem Geset Techane, Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas; Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer; Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Gerard Quinn, Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Livingstone Sewanyana, Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Vitit Muntarbhorn, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Camboya.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Los Expertos Independientes forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y seguimiento del Consejo que abordan situaciones específicas de los países o cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos en Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de las Naciones Unidas y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
Para obtener más información y solicitudes de medios de comunicación, póngase en contacto con con Manon Beury (manon.beury@un.org) o escriba a ohchr-ie-sogi@un.org.
Para consultas de los medios de comunicación relacionadas con otros Expertos independientes de la ONU, póngase en contacto con Jeremy Laurence (+ 41 79 444 7578 / jeremy.laurence@un.org).
Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de la ONU en Twitter: @UN_SPExperts.
¿Te preocupa el mundo en el que vivimos?
Entonces levántate hoy mismo por los derechos de alguien.
#Standup4humanrights y
visita la página web en http://www.standup4humanrights.org
“Entre los 84 millones de personas desplazadas en todo el mundo en la actualidad, las personas LGBT se encuentran entre las más vulnerables y marginadas. Al huir de la persecución y la exclusión socioeconómica, residen en países que no ofrecen una sólida protección de los derechos humanos, o que discriminan activamente por motivos de orientación sexual e identidad de género.
Las vulnerabilidades estructurales a las que se enfrentan las personas LGBT se ven intensificadas por su estatus como migrantes, solicitantes de asilo, refugiados o desplazados internos.
La persecución por parte de agentes estatales y no estatales, así como la exclusión socioeconómica alimentada por la estigmatización, la discriminación, los conflictos armados, las catástrofes naturales y el cambio climático obligan a muchas personas de orientación sexual e identidad de género diversas a huir de sus hogares en busca de un entorno seguro en el que puedan vivir auténticamente y ejercer plenamente sus derechos.
Más de dos tercios de las personas desplazadas en el mundo no han cruzado ninguna frontera nacional en su búsqueda de seguridad. Las personas desplazadas internas que son LGBT en Estados que criminalizan las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo y/o las diversas identidades de género rara vez son reconocidas y abordadas de manera sistemática por las instituciones que apoyan a los desplazados internos, la mayoría de las veces en zonas frágiles o afectadas por conflictos.
Muchas personas LGBT en situación de desplazamiento forzoso que cruzan una frontera internacional llegan a países donde se enfrentan a riesgos similares o mayores de violencia, así como xenofobia, racismo, misoginia, discriminación por motivos de edad, marginación socioeconómica y aislamiento de redes de apoyo tradicionales. En todas las etapas de su viaje, pueden ser especialmente vulnerables a la violencia, los abusos y la explotación por parte de numerosos actores, entre los que se incluyen, aunque no exclusivamente, las autoridades de inmigración y seguridad, los traficantes y los contrabandistas.
“Dado que el número de personas desplazadas por la fuerza sigue aumentando, los Estados, las empresas y las organizaciones humanitarias y de la sociedad civil deben invertir en el desarrollo de políticas y programas basados en los derechos humanos que tengan plenamente en cuenta las dimensiones interseccionales del desplazamiento forzado y la orientación sexual y la identidad de género, promoviendo una mayor colaboración y coordinación entre todos los actores responsables de la protección de las personas desplazadas LGBT.
Por último, el paso fundamental para hacer frente al creciente número de personas LGBT desplazadas por la fuerza en todo el mundo es abordar las causas profundas del desplazamiento forzado y garantizar que las personas LGBT puedan vivir libres de violencia y discriminación en sus comunidades, mediante la aplicación de leyes y políticas públicas que puedan transformar el círculo vicioso de abusos que les obliga a buscar protección en otro lugar en primer lugar.”
Vea la declaración completa aquí.
FIN
(*) Los expertos: Víctor Madrigal-Borloz, Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género; Felipe González Morales, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; Balakrishnan Rajagopal, Relator especial sobre la vivienda adecuada; Clément N. Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Olivier De Schutter, Relator Especial sobre la extrema pobreza; Javaid Rehman, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán; Claudia Mahler, Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos de las personas de edad; David R. Boyd, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente; Tomoya Obokata, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; Fionnuala Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; E. Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo; Sorcha MacLeod (Presidenta-Relatora), Jelena Aparac, Ravindran Daniel, Chris Kwaja, Grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios; Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento; Ian Fry, Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático; Elżbieta Karska (Presidenta-Relatora), Fernanda Hopenhaym (Vicepresidenta), Anita Ramasastry, Pichamon Yeophantong, Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; Miriam Estrada-Castillo (Presidenta-Relatora), Mumba Malila (Vicepresidenta), Elina Steinerte, Priya Gopalan, Matthew Gillett, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Alexandra Xanthaki, Relatora Especial en el ámbito de los derechos culturales; Siobhán Mullally, Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; Francesca Albanese, Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967; Fernand de Varennes, Relator Especial sobre cuestiones de las minorías; Melissa Upreti (Presidenta), Dorothy Estrada Tanck (Vicepresidenta), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić, Meskerem Geset Techane, Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas; Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer; Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Gerard Quinn, Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Livingstone Sewanyana, Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Vitit Muntarbhorn, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Camboya.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Los Expertos Independientes forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y seguimiento del Consejo que abordan situaciones específicas de los países o cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos en Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de las Naciones Unidas y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
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