ONU-DH: la sentencia que condena a efectivos militares por la ejecución extrajudicial de los estudiantes del Tec de Monterrey es un acto de justicia que reivindica a las víctimas

La sentencia establece la responsabilidad penal de algunos de los autores de la ejecución extrajudicial de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, perpetrada por elementos del Ejército el 19 de marzo de 2010.

La resolución judicial acredita que los estudiantes Jorge y Javier no eran integrantes de ningún grupo criminal, ni se encontraban armados al momento en que fueron privados arbitrariamente de la vida. La sentencia constata, no sólo la comisión del delito de homicidio calificado por parte de efectivos militares, sino también la conducta desplegada después de los hechos con el objetivo de alterar la escena del crimen, ocultar las evidencias, y obstaculizar el acceso a la justicia y a la verdad.

El Juzgado Cuarto cita la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Alvarado Espinoza y otros vs. México para destacar que la actuación del Ejército en el ámbito de la seguridad pública debe atender a “criterios de estricta proporcionalidad, excepcionalidad y debida diligencia en la salvaguarda de los derechos humanos”.

La ONU-DH también acoge positivamente la sentencia del Juzgado Cuarto en tanto revela la importancia de contar con mecanismos eficaces de control y rendición de cuentas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, incluyendo aquellos que se realizan a través de la labor independiente de las autoridades judiciales ante casos que llegan a su conocimiento. Este elemento es clave teniendo en cuenta que está pendiente investigar y determinar las responsabilidades penales de los superiores jerárquicos involucrados por acción u omisión en lo ocurrido.

La ONU-DH recuerda que las actividades de seguridad pública corresponden primordialmente a los cuerpos de policía de carácter civil y que la participación de las Fuerzas Armadas en este ámbito debe ser temporal, por lo que, en consonancia con lo que también han dicho otros organismos internacionales, urge a adoptar un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable, con plazos determinados y acciones específicas.

El caso de Jorge y Javier ha sido ampliamente documentado por la ONU-DH. También fue conocido en el año 2013 por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, quien hizo mención a lo sucedido a los estudiantes en su informe de visita a México.

Asimismo, desde la ONU-DH saludamos el impulso de las autoridades involucradas, incluidas las ministeriales, que con su trabajo favorecieron la consecución de la referida sentencia.

La ONU-DH reconoce especialmente a las familias de Jorge y Javier en su digno caminar en la búsqueda de verdad y justicia por más de una década, y a quienes las han acompañado a lo largo de este tiempo. Su andar no ha sido en vano; por el contrario, es una poderosa fuente de inspiración para otras víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, la ONU-DH se suma a los familiares de Jorge y Javier y alienta al Estado mexicano a adoptar medidas de satisfacción que reivindiquen su memoria, así como a establecer políticas de protección en favor de las juventudes que de distintas maneras se ven afectadas por el contexto de violencia que sufre el país.