México debería anular la prisión preventiva oficiosa: dicen expertos de la ONU

Ginebra, Suiza - El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU exhorta urgentemente a México a anular la prisión preventiva obligatoria, llamada también “prisión preventiva oficiosa” o “automática”, consagrada en la Constitución.

“La prisión preventiva oficiosa es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos, como lo ha indicado la jurisprudencia del Grupo de Trabajo en múltiples ocasiones” indicó Miriam Estrada-Castillo, la Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo. La Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, han adoptado conclusiones similares, dijo la experta.

Bajo el artículo 19 de la Constitución, el ordenamiento jurídico mexicano obliga a los jueces a imponer prisión preventiva oficiosa a todas las personas que sean acusadas de determinados delitos, lo que ha llevado a múltiples violaciones de sus derechos humanos, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley.

La prisión preventiva oficiosa es, igualmente, contraria a la independencia judicial y al deber de fundamentar jurídicamente los motivos de la detención, dijo la Dra. Estrada-Castillo. Además, pone en grave riesgo el derecho a la integridad personal y la garantía de no ser víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. A pesar de que la prisión preventiva oficiosa sea establecida en la ley, ello no garantiza que no sea arbitraria.

“Una de las más serias consecuencias de la prisión preventiva obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal. Esto además contribuye al hacinamiento carcelario,” dijo la Dra. Estrada-Castillo.

Consciente de los desafíos que enfrenta el Gobierno en materia de seguridad pública, el Grupo de Trabajo reiteró que la prisión preventiva oficiosa pone a México en franca violación de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, asumidas con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Anular la prisión preventiva oficiosa no solo es un paso esencial para aliviar el problema de las detenciones arbitrarias en México, sino que también permitiría apaciguar la sobrepoblación del sistema penitenciario.

El Grupo de Trabajo, desde el 2018, a través de sus opiniones y comunicaciones, ha insistido a México sobre la necesidad urgente de solucionar este problema estructural; ofreciéndole la asistencia técnica necesaria al Gobierno en repetidas ocasiones.

Actualmente, México tiene una oportunidad histórica para anular una medida perjudicial que ha afectado gravemente los derechos fundamentales de los mexicanos por años.

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El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos en 1991 para investigar los casos de supuesta privación arbitraria de la libertad. Su mandato fue aclarado y ampliado por la Comisión para cubrir el tema de la custodia administrativa de solicitantes de asilo e inmigrantes. En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos confirmó el alcance del mandato del Grupo de Trabajo y lo prorrogó por un período adicional de tres años. El Grupo de Trabajo está compuesto por cinco miembros expertos independientes de varias regiones del mundo: Miriam Estrada-Castillo (Ecuador; Presidenta-Relatora), Mumba Malila (Zambia; Vicepresidente); Elina Steinerte (Letonia); Priya Gopalan (Malasia); y Matthew Gilllett (Nueva Zelandia).

 Base de datos del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias.

 El Grupo de Trabajo es parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o problemas temáticos en todas partes del mundo. Los expertos de Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.