ONU-DH reconoce y alienta al Estado mexicano a continuar con sus esfuerzos para lograr el pleno acceso a la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa

Ciudad de México- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoce que la información y análisis contenido en el Informe dado a conocer por el Presidente de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa es una muestra de la voluntad al más alto nivel de allegarse de todos los elementos que contribuyan al conocimiento de la verdad acerca de lo ocurrido en el caso Ayotzinapa y al acceso a la justicia a la que tienen derecho las víctimas, sus familias y la sociedad mexicana en su conjunto.



“La información hecha pública por el Presidente de la Comisión es un paso importante para apuntalar el actuar diligente, coordinado y responsable de todas las autoridades del Estado mexicano hacia el objetivo compartido de llegar a la verdad de lo sucedido a los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, expresó Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de la ONU-DH. “En línea con los estándares internacionales, es fundamental que en este proceso las autoridades mantengan un diálogo permanente con las familias y las personas defensoras de derechos humanos que las acompañan y se garantice el acceso a toda la información generada y la que se pueda obtener en el futuro”, añadió.



Tras haber revisado el informe presentado y conocidas las nuevas judicializaciones del caso, la ONU-DH resalta lo siguiente:



1) La nueva información sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque a los estudiantes, la participación de agentes estatales y no estatales, las omisiones y falta de reacción de las autoridades y las irregularidades de la investigación inicial, corrobora y amplifica lo que previamente habían comenzado a delinear padres y madres, organizaciones acompañantes y expertos internacionales. La ONU-DH subraya la importancia que ahora sea el Gobierno el que lo ratifique de manera oficial en un informe público.



2) Es fundamental que la Fiscalía asegure, en el desarrollo de las nuevas judicializaciones, una actuación institucional sólida y diligente, que garantice el acceso a la justicia de las víctimas, observe el debido proceso y la independencia judicial e incorpore los más altos estándares internacionales de derechos humanos, para determinar judicialmente la responsabilidad penal de todos los actores, incluyendo a los superiores, tanto civiles como militares, involucrados por acción u omisión en las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas.



3) La importancia de la información dada a conocer debe llevar a adoptar medidas inmediatas de no repetición acordes con la gravedad del caso, entre las que se encuentran, como mínimo, una depuración inmediata del funcionariado que haya participado activa o pasivamente en los hechos de septiembre del 2014 y de aquel que haya contaminado u obstruido la realización de una investigación efectiva; el fortalecimiento de los controles

civiles sobre las Fuerzas Armadas en México; y la transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades competentes.



“Estamos ante un momento crucial para llegar a la verdad y a la justicia en el caso Ayotzinapa” mencionó Guillermo Fernández-Maldonado. “La llamada verdad histórica resulta hoy aún más insostenible. Se debe seguir avanzando hacia el derecho a la verdad, que comprende conocer las circunstancias que permitieron el ataque contra los estudiantes, la secuencia de los hechos, el rol del Estado y los grupos delincuenciales en la confabulación criminal y el destino final de los estudiantes con base en pruebas fehacientes” finalizó.



La ONU-DH reitera su más profundo reconocimiento a la valentía y persistencia de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos y las organizaciones de derechos humanos que les acompañan. Su derecho a participar y a ser informados de las investigaciones y procesos judiciales abiertos es una premisa por observar en todo momento.



Finalmente, la ONU-DH ratifica su compromiso de seguir brindando asesoría y cooperación técnica al Estado mexicano para la efectiva incorporación de estándares internacionales de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa.

 

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