México: La detención y tortura de un defensor de derechos humanos pone a la luz la criminalización de la protesta social

GINEBRA (ONU-DH) - El Comité contra la Tortura de la ONU ha solicitado a México que deje de criminalizar la defensa de los derechos humanos, tras decidir el caso de un defensor de los derechos humanos cuya labor fue atacada, resultando en su detención y tortura durante más de cinco años por un delito que no cometió.

En una decisión publicada hoy, el órgano contra la tortura de la ONU determinó que Damián Gallardo Martínez, docente y activista por los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la educación, fue víctima de tortura en México, en violación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El Sr. Gallardo Martínez, miembro del Pueblo Indígena Ayuujk de Santa María Tlahuitoltepec de la Región Mixe, había estado promoviendo la educación comunitaria en comunidades indígenas de Oaxaca durante varios años y participó en protestas lideradas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 2013 en Oaxaca. En mayo de ese año, siete policías irrumpieron en su casa mientras descansaba y lo arrestaron, sin orden judicial.

Estuvo detenido en régimen de incomunicación en un centro de detención clandestino, donde fue golpeado por agentes de policía para que divulgara información sobre otros participantes del movimiento por el derecho a la educación. Según el Sr. Gallardo Martínez, los agentes amenazaron con violar a su hija y su pareja antes de matarlas, y con asesinar a sus padres. El Sr. Gallardo Martínez fue obligado a firmar hojas de papel en blanco, que luego fueron utilizadas como una supuesta confesión.

Con base en esta “confesión”, fue acusado de participación en crimen organizado y de secuestro de dos jóvenes, sobrinos de uno de los empresarios más importantes de México. El Sr. Gallardo Martínez fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Guadalajara, en el estado de Jalisco, donde estuvo detenido más de cinco años hasta que el Ministerio Público Federal finalmente solicitó el desistimiento del caso, en diciembre de 2018.

Durante este tiempo, el Sr. Gallardo Martínez fue golpeado brutalmente, sometido a revisión bucal y anal, privado de agua y sueño, así como recluido en régimen de aislamiento 22 horas al día.

Mientras estuvo detenido, su padre permaneció diariamente en el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca en exigencia de justicia para su hijo. Toda la familia sufrió estigmatización y hostigamiento y, como resultado, tuvo que abandonar su comunidad indígena.

El Sr. Gallardo Martínez y su familia presentaron en México denuncias por los actos de tortura, pero estas no dieron lugar a ninguna investigación significativa. Por lo tanto, llevaron su caso ante el Comité en 2019.

"El Sr. Gallardo Martínez fue sometido a actos de tortura que buscaban doblegar su voluntad al extremo y convencer de la capacidad de sus agresores de infligirle dolor o incluso la muerte”, dijo Peter Vedel Kessing, miembro del Comité.

"Los familiares directos del Sr. Gallardo Martínez también son víctimas indirectas debido al impacto psicológico y emocional de la tortura sufrida por él y por la estigmatización y el acoso que enfrentaron. Por lo tanto, también tienen derecho a una reparación integral”, agregó Vedel Kessing.

En sus conclusiones, el Comité señala que el proceso penal iniciado contra el Sr. Gallardo Martínez se enmarca en un patrón de criminalización de las protestas sociales. El Comité exhortó a México a tomar las medidas necesarias para brindar garantías de no repetición, incluida la garantía de que quienes defienden la educación y los derechos de los pueblos indígenas no sean criminalizados por sus actividades legítimas de defensa de los derechos humanos.

El Comité también solicitó que México proporcione al Sr. Gallardo Martínez y sus familiares una reparación integral, que ofrezca una disculpa pública y difunda ampliamente la decisión del Comité incluso en un diario de amplia circulación en el estado de Oaxaca.

FIN

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Contexto

El Comité contra la Tortura supervisa la adhesión de los Estados partes a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que hasta la fecha cuenta con 173 Estados partes. El Comité está integrado por 10 miembros que son expertos independientes en derechos humanos provenientes de todo el mundo, que sirven a título personal y no como representantes de los Estados partes. El Comité tiene el mandato de considerar denuncias individuales en las que se aleguen violaciones de los derechos establecidos en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por Estados partes que han realizado la declaración de acuerdo al artículo 22 de la Convención.

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