Más de 4 mil millones de personas carecen de seguridad social: OIT

Ginebra (OIT) -  A pesar de la expansión sin precedentes de la protección social durante la crisis generada por la COVID-19, más de 4 mil millones de personas en el mundo siguen estando completamente desprotegidas, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El informe constata que la respuesta a la pandemia fue desigual e insuficiente, aumentando la distancia entre los países de altos ingresos y los de bajos ingresos, y no logró ofrecer la protección social indispensable que todos los seres humanos merecen.

La protección social incluye el acceso a la atención médica y a la seguridad del ingreso, en particular para las personas de edad, en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, accidente en el trabajo, maternidad o pérdida del principal generador de ingresos de la familia, así como para las familias con hijos.

“Los países se encuentran en una encrucijada”, afirmó el Director General de la OIT, Guy Ryder. “Este es un momento propicio para utilizar la respuesta a la pandemia a fin de construir una nueva generación de sistemas de protección social basados en los derechos. Estos sistemas pueden proteger a las personas de futuras crisis y dar a los trabajadores y a las empresas la seguridad para enfrentar las múltiples transiciones que se avecinan con confianza y esperanza. Debemos reconocer que una protección social eficaz y completa no sólo es esencial para la justicia social y el trabajo decente sino también para la creación de un futuro sostenible y resiliente”.

El Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022: La protección social en la encrucijada – en busca de un futuro mejor  ofrece un panorama mundial de la evolución reciente de los sistemas de protección social, incluyendo los pisos de protección social, y abarca las consecuencias de la pandemia de COVID-19.

El informe identifica los déficits en materia de protección social y formula recomendaciones políticas esenciales, en especial en relación a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En la actualidad, sólo 47% de la población mundial está efectivamente cubierta por al menos una prestación de protección social, mientras que 4 mil 100 millones de personas (53%) no se benefician de ninguna seguridad del ingreso de su sistema de protección social nacional.

Existen diferencias regionales considerables en materia de protección social. Europa y Asia Central tienen las tasas de cobertura más altas, con 84 por ciento de la población cubierta por al menos una prestación. Las Américas también tienen una tasa superior a la medida mundial, con 64,3 por ciento. Asia y el Pacífico (44 por ciento), los Estados Árabes (40 por ciento) y África (17,4 por ciento) tienen evidentes deficiencias en materia de cobertura.

A nivel mundial, la gran mayoría de los niños aún no tiene una cobertura efectiva de protección social; sólo uno de cada cuatro niños (26.4%) se beneficia de una prestación de protección social.

El informe constata que la respuesta a la pandemia fue desigual e insuficiente, aumentando la distancia entre los países de altos ingresos y los de bajos ingresos, y no logró ofrecer la protección social indispensable que todos los seres humanos merecen.

Sólo 45%de las mujeres con recién nacidos recibe una prestación de maternidad en efectivo. Sólo una de cada tres personas con discapacidad grave en el mundo (33.5%) recibe una prestación por invalidez.

La cobertura de las prestaciones de desempleo es aún más baja, sólo 18.6% de los trabajadores desempleados de todo el mundo están efectivamente cubiertos. Si bien 77.5% de las personas con derecho a pensión de vejez reciben una forma de pensión de ancianidad, persisten importantes disparidades entre las regiones, entre zonas urbanas y rurales, y entre hombres y mujeres.

El gasto público en protección social también varía de manera significativa. En promedio, los países destinan 12.8% de su producto interior bruto (PIB) a la protección social (excluyendo la salud), sin embargo los países de altos ingresos invierten 16.4% de su PIB en protección social y los de bajos ingresos sólo 1.1%.

El informe señala que el déficit de financiación (el gasto adicional necesario para garantizar al menos una protección social mínima para todos) ha aumentado de alrededor de 30 por ciento desde el comienzo de la crisis generada por la COVID-19.

A fin de garantizar al menos una cobertura de protección social básica, los países de bajos ingresos deberían invertir 77 mil 900 millones de dólares adicionales al año, los países de ingresos medios-bajos 362 mil 900 millones de dólares adicionales al año, los países de ingresos medios-altos 750 mil 800 millones de dólares adicionales al año. Esto equivale respectivamente a 15.9%; 5.1% y 3.1% de su PIB.

“Hay una enorme presión para que los países alcancen una consolidación fiscal, después de los gastos públicos enormes relacionados con sus medidas de respuesta a la crisis, pero sería sumamente perjudicial reducir los gastos en protección social; es necesario invertir en ello ahora”, declaró Shahra Razavi, Directora del Departamento de Protección Social de la OIT.

“La protección social es una herramienta importante que puede generar beneficios económicos y sociales de gran alcance para los países en todos los niveles de desarrollo", agregó Shahra Razavi. 

Puede favorecer una mejor sanidad y educación, una mayor igualdad, sistemas económicos más sostenibles, una mejor gestión de la migración y el respeto de los derechos fundamentales. Para construir sistemas capaces de obtener resultados positivos, será necesario combinar los recursos financieros y una mayor solidaridad internacional, sobre todo en apoyo de los países más pobres. Pero los beneficios del éxito superarán las fronteras nacionales en beneficio de todos”.

Medidas específicas para promover una protección social universal fueron presentadas en el Llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas de la crisis causada por la COVID-19 . Este Llamamiento a la acción, que define un programa de recuperación completo, fue adoptado por unanimidad en junio 2021 por los Estados miembros de la OIT, en representación de los gobiernos, las organizaciones de trabajadores y de empleadores.

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