En las últimas décadas, las activistas de base, defensoras de los derechos humanos de las mujeres e impulsoras de diversos movimientos en todo el mundo, como el #MeToo, #NiUnaMenos, #TimesUp y otros, han catalizado un cambio sin precedentes; han generado una movilización mundial que dejó de manifiesto la urgencia de la prevención y la respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas. Las mujeres ocupan un rol clave en la defensa del medio ambiente. En muchos contextos, además de liderar la lucha por la protección del planeta y del territorio, son referentes de la conservación de culturas indígenas que encuentran fundamental la preservación de la naturaleza. Sin embargo, de acuerdo con ONUDH, entre 2015 y 2019 unas 1323 personas defensoras de los derechos humanos perdieron la vida por liderar esta lucha alrededor del mundo. Mientras que América Latina suele ser una de las regiones más afectadas, también registra una cantidad superior de personas defensoras que fueron atacadas por promover el desarrollo sustentable y luchar contra iniciativas que ponen en peligro a sus comunidades, según el más reciente informe de Global Witness. El estudio también sostiene que México, Colombia y Brasil concentran los números más altos a nivel mundial. En el caso de México, de acuerdo con datos de Front Line Defenders, en 2020 se registraron 19 asesinatos (cuatro de ellas mujeres, incluidas al menos tres mujeres trans). Además, en ese país, la organización registró 499 agresiones a personas defensoras del medio ambiente. Para cambiar esta situación y garantizar sus derechos humanos, mujeres y jóvenes lideresas indígenas de 21 países y 24 pueblos indígenas de las Américas se reunieron en México para la Consulta sobre la próxima Recomendación General 39 de la CEDAW, enfocada en los Derechos de las mujeres y niñas indígenas.  La organización de la Consulta Regional estuvo a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres de México (INMUJERES), ONU Mujeres, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Comité de Expertas del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI). La Recomendación General 39 orienta y obliga a los Estados Parte a implementar medidas legislativas y políticas para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas indígenas, y fue adoptada por la CEDAW el pasado 26 de octubre de 2022. Las historias presentadas a continuación son una prueba del coraje y la determinación de dos mujeres mexicanas que trabajan sin descanso en esta ardua tarea.  Mujeres líderes en comunidades organizadas   Francisca González Gutiérrez vive en Chicomuselo, Chiapas, México. Desde su lugar como integrante del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida "Samuel Ruiz García", Parroquia San Pedro y San Pablo, se opuso al extractivismo minero en la zona. “Desde el 2009 iniciamos una defensa de la madre Tierra y el territorio contra la empresa Blackfire canadiense, pues el desafío más grande ha sido que, como mujeres en los tejidos, pues no nos dan el derecho a participar, porque dicen que es más de hombres dar permiso a las empresas mineras y decidir por la vida”, sostiene.  Por ahora, su Comité cuenta con el apoyo de algunas instituciones religiosas y de organizaciones no gubernamentales con quienes se aliaron para enfrentar a las empresas que buscan instalarse en la zona con prácticas contaminantes. “El Estado es el primero que debe de respetar, garantizar y promover los derechos humanos” expresa. “Lo que buscamos es que no se llegue al individualismo, sino que sea un trabajo más colectivo, más solidario, para que podamos defender a la madre Tierra, ya que de ahí nos alimentamos, y si no hay Tierra, no hay mexican@s”, Francisca González, Defensora de derechos humanos e integrante del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida "Samuel Ruiz García" en Chiapas.   Romper el paradigma de una justicia racista Crédito: Carmen Martínez/ ONU Mujeres Isela González Díaz se acercó a las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, para hacer investigación antropológica cuando tenía 44 años. Hoy tiene 68 y en todo este tiempo logró interpretar las necesidades de la región y abordar estrategias para satisfacerlas. El principal reto, explica, es garantizar el acceso a la justicia y prevenir la invasión de sus territorios. Hoy, como directora de Alianza Sierra Madre se aboca principalmente a la defensa de los derechos ambientales y territoriales. Además de su búsqueda por romper con el paradigma del racismo jurídico, desde 2007, la organización trabaja para combatir la violencia vinculada al narcotráfico. Su trabajo le ha causado amenazas de muerte y campañas de desprestigio, “el desafío más importante es sobrevivir al machismo estructural en una sociedad patriarcal, además, colonial y de esos son los grandes desafíos que enfrento y digamos que concluyendo el gran desafío es mantener mi vida, mi seguridad”.  Su trabajo dio resultados sobresalientes, como el reconocimiento legal de los territorios indígenas y la protección estatal de más de 30.000 hectáreas de bosque de pino Encino. Finalmente, se consiguió que las autoridades atendieran la problemática de la muerte de mujeres indígenas durante el embarazo, parto y puerperio. “Afortunadamente tenemos ya tres años sin ninguna muerte en la comunidad donde trabajamos”, puntualiza. Por esta razón, bajo el lema de la Campaña del Secretario General de la ONU, ¡ÚNETE! EN ACTIVISMO PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS, y en el marco Del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y los 16 de activismo, las Naciones Unidas hacen un llamado a promover el activismo. Seamos activistas y sumemos acciones para la prevención de la violencia contra las mujeres; solidaricémonos con las activistas de los derechos de las mujeres y apoyemos a los movimientos feministas para resistir el retroceso de los derechos de las mujeres y las niñas. Escucha la cápsula de radio de Francisca González Gutiérrez, en el marco del trabajo en conjunto de ONU Mujeres y Grupo IMER, que busca llevar a la audiencia de Instituto Mexicano de la Radio (IMER) mensajes contra la violencia de género: https://mexico.unwomen.org/es/stories/noticia/2022/11/unete-en-activismo-para-poner-fin-a-la-violencia-contra-las-mujeres-y-las-ninas

Con el objetivo de detonar la integración y así poder generar un primer esbozo de propuestas sobre proyectos y estrategias que mejoren a Ciudad Juárez y le permitan alcanzar su visión al año 2040, la última semana de noviembre se llevó a cabo el webinario “Caracterización del Territorio”. En este espacio virtual se contó con la participación de académicos, investigadores, miembros destacados de la sociedad civil y funcionarios públicos del municipio, quienes aportaron sus conocimientos, propuestas y entendimiento respecto a la situación del territorio juarense. La actividad se dividió en cinco mesas de trabajo simultáneo, en las cuales se desarrolló una caracterización colaborativa con el fin de obtener propuestas de cinco distintas zonas de la ciudad: norponiente, centro, sur poniente, norponiente y suroriente. Dentro de los requerimientos observados para la zona norponiente se visibilizó la falta de equipamiento urbano adecuado, la necesidad de zonas ciclistas bien establecidas, así como la especial atención que necesitan las líneas de drenaje que atraviesan el territorio. En la zona centro se hizo énfasis en todos los instrumentos y planes maestros con los que cuenta el municipio, así como en el potencial con el que cuentan todos los espacios icónicos tales como la plaza Cervantina, la casa de Juan Gabriel, el monumento a Juárez, el cine Victoria, entre otros.   Como observación de relevancia, en esta mesa se destacó la importancia de dignificar espacios, hacerlos más accesibles para toda la población, implementar buena iluminación para que puedan ser disfrutados a distintas horas del día, rehabilitar aquellos sitios que cuentan con legado histórico y fomentar el uso de suelo mixto para darle nueva vida a esta zona. Dentro de los alcances que se tuvieron en la mesa correspondiente a la zona surponiente, se visibilizó la complejidad del área subdividida en tres áreas: la zona de los kilómetros, aeropuerto e industrial. En la primera se resaltó la carencia y dificultad del abasto de agua, la falta de espacios educativos, de recreación, salud y esparcimiento, pero se destacó la fortaleza de los lazos sociales y comunitarios que brindan asistencia a la población local. Lo que respecta a la zona industrial y de aeropuertos, en esta se llevó la atención al potencial que tiene de ser consolidada como una zona industrial fuerte. En la mesa cuatro, correspondiente al norponiente, se conversó sobre la importancia en proyectos como la cobertura de banquetas, el financiamiento para el mejoramiento de la vivienda, la delimitación de la mancha urbana, el manejo del agua residual y pluvial, así como del potencial de un Distrito Universitario y de la consolidación de un corredor económico binacional fuerte. Finalmente, los temas que se plantearon en la mesa del suroriente incluyeron la importancia de consolidar subcentros urbanos comerciales, laborales y de equipamiento, así como el potencial de contar con microrregiones ciclistas. Todas las aportaciones de los participantes serán analizadas y mapeadas por el equipo de ONU-Habitat, en colaboración con el municipio, y serán transformadas en una cartera de proyectos estratégicos para la ciudad. Este tercer webinario, “Caracterización del Territorio”, se desarrolló en el marco de colaboración técnica entre ONU-Habitat y el municipio de Juárez.

Ciudad de México (México) . - El 25 de noviembre se conmemora el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, al tiempo que comienzan los “16 Días de Activismo en contra de la Violencia de Género” que culminan el 10 de diciembre con el “Día de los Derechos Humanos”. En el marco de estos importantes días de conmemoración, el Sub-Grupo de Trabajo de Protección para Atención a la Violencia de Género coordinado de manera conjunta por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, hacemos un llamado a todos los actores relevantes y a la población en general a poner fin a la violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres, considerando el impacto diferenciado y los riesgos específicos que enfrentan, particularmente cuando son refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes y desplazadas. Pese a los crecientes y relevantes esfuerzos y compromisos en la lucha contra la violencia de género en últimos años, ONU Mujeres ha destacado que ésta sigue siendo la afectación de derechos humanos más generalizada en el mundo; lamentablemente, desde hace más de una década se ha mantenido la estimación de que una de cada tres mujeres han experimentado violencia de género, y de manera más reciente se ha calculado que a nivel mundial una niña, adolescente o mujer muere asesinada por alguien de su propia familia cada 11 minutos.[1] En el caso de México nos enfrentamos a cifras abrumadoras ligadas al feminicidio, al día son asesinadas 12 mujeres en nuestro país. Una preocupación fundamental que se visibilizó durante la pandemia por el COVID-19, fue el alarmante aumento de las denuncias de violencia de pareja íntima y de la violencia intrafamiliar hacia niñas, niños y adolescentes, debido a que las restricciones de movilidad dejaron a las personas sobrevivientes atrapadas con sus agresores. En este contexto ya de por sí complejo, las niñas, adolescentes y mujeres en contextos de movilidad humana experimentan riesgos diferenciados y exacerbados de vivir violencia sexual y de género, al encontrarse alejadas de redes de apoyo que normalmente podrían tener en sus países y comunidades de origen y al enfrentarse a relaciones de poder desiguales que se agudizan. En particular, las niñas, adolescentes y mujeres solicitantes de asilo, refugiadas, migrantes y desplazadas, enfrentan riesgos elevados de violencia sexual, violencia de pareja íntima, venta e intercambio de sexo como mecanismo de supervivencia y trata con fines de explotación sexual, entre otros. Por otra parte, los conflictos, la violencia política, el cambio climático, los desplazamientos forzados, la desigualdad social, la inseguridad alimentaria, la urbanización desmedida y la digitalización están creando desigualdades profundas y mayores injusticias y de opresiones sistémicas que contribuyen al aumento de la violencia basada en género, incluidas las prácticas nocivas de género como el matrimonio o uniones infantiles, tempranas o forzadas, la división de género del trabajo, que se invisibilizan por considerarse socialmente aceptadas. La creciente evidencia revela que, en tiempos de crisis o emergencias, el número de niñas y adolescentes unidas de manera temprana y forzosa aumenta considerablemente, a la vez que se quedan sin apoyos o son víctimas de consecuencias fatales, debido a las deficiencias en los servicios de protección. Asimismo, las necesidades de salud sexual y reproductiva se pasan por alto con facilidad; sin embargo, estas necesidades continúan presentes y se acentúan en situaciones de emergencias humanitarias. Para afrontar estos riesgos y retos, resulta fundamental el trabajo conjunto, multisectorial y transversal dirigido tanto a la prevención y la mitigación como a la respuesta de violencia de género. Es clave que participen todas las instituciones de Estado mexicano, así como las organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada, las instituciones de desarrollo, y la población en su conjunto para lograr respuestas articuladas, integrales, profundas y duraderas a fin de lograr una transformación plena y respuestas suficientes a la violencia de género, asegurando que no se queda nadie atrás, incluyendo las mujeres, jóvenes y niñas solicitantes, refugiadas, migrantes y desplazadas en toda su diversidad. Es clave, también, que todas las personas nos hagamos cargo de esta tarea desde nuestros diferentes sectores y posibilidades, que cada persona se convierta en un activista contra la violencia de género, porque su continuidad resulta inaceptable. Desde el Sub-Grupo, las diversas instancias y organizaciones participantes nos comprometemos a seguir trabajando a favor de la erradicación de la violencia de género, así como velar por respuestas de calidad para las personas sobrevivientes de esta violencia que atendemos todos los días, y nos unimos – estos 16 días, y siempre – en contra de la violencia de género.   Para más información consulte con: Alberto Cabezas Coordinador de Comunicación de la OIM-ONU Migración en México Teléfono: 55 4525 8361 acabezas@iom.int   Silvia Garduño, Oficial de Información Pública, ACNUR México, Ciudad de México Teléfono: 55 2848 7440  mexmepi@unhcr.org //garduno@unhcr.org

Tapachula, Chiapas, 6 de diciembre de 2022.- El Sistema de Naciones Unidas en México, actores internacionales y el municipio de Tapachula se reunieron para impulsar estrategias de desarrollo integral sostenible e incluyente mediante las cuales promover y generar mejores condiciones de vida para la población local y las personas en situación de movilidad de esa urbe. En un evento de cooperación entre el Grupo de Trabajo Interagencial Tapachula conformado por agencias de la ONU, y el municipio de Tapachula, se presentaron este martes los resultados de las discusiones de las mesas técnicas celebradas en octubre pasado, contando en su momento con la participación de diferentes actores locales, estatales, nacionales y agencias del Sistema de Naciones Unidas. Ante parte de la comunidad diplomática presente en México se presentaron ideas e iniciativas concretas que pueden ser implementadas a corto y mediano plazo en cuanto a la acogida de personas en movilidad, salud, educación, inclusión laboral y cohesión social. Entre los proyectos propuestos en las mesas técnicas, se señalaron la necesidad de la creación del centro multipropósito de atención y servicios integrales a la población en movilidad involucrando autoridades de los diferentes niveles; la recuperación de los centros de desarrollo integral (CEDECO) para promoverlos como espacios de promoción cultural y cohesión social; la creación de una ruta de integración laboral para las personas en movilidad; la recuperación de espacios para promover el desarrollo urbano y la seguridad urbana; el fortalecimiento del sistema de atención a salud mental; la promoción de la infraestructura del sistema de salud; la sensibilización y capacitación para promover la escolarización hacia las familias en movilidad; así como la promoción de campañas de sensibilización e información para la no discriminación y prevención del tráfico de personas. La frontera sur de México está recibiendo la mayor parte de las personas en situación de movilidad humana. Particularmente, Tapachula recibió casi el 70 por ciento de las 100,000 solicitudes de asilo registradas en el país este año por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), y cientos de miles de personas migrantes que llegan a México. De manera paralela, a nivel municipal, Tapachula, una ciudad de 350 mil habitantes, muestra un bajo rendimiento en varios indicadores de desarrollo socioeconómico. Por ello, se reconoció la importancia de implementar en Tapachula una estrategia de protección y soluciones con enfoque territorial que atienda las necesidades humanitarias y de desarrollo tanto de la población refugiada, migrante y en otros procesos de movilidad, como de la población local. En 2022, distintas Agencias, Fondos y Programas del Sistema de las Naciones Unidas en México, incluyendo la Oficina del Coordinador Residente (OCR), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM-ONU Migración),  la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU-Habitat, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han trabajado con el gobierno municipal de Tapachula sobre una propuesta integral que contribuya al desarrollo local y a la integración socioeconómica.  En el evento se resaltó la buena acogida y la solidaridad del municipio para las personas en situación de movilidad y, a su vez, también los importantes retos que enfrenta Tapachula al ser la principal ciudad receptora de personas refugiadas y migrantes.   Para más información consulte con: Mariana Castro Oficial Nacional de Información Centro de Información de las Naciones Unidas en México mariana.castro@un.org Cel. 5514861175