ONU-DH: informe sobre buenas prácticas y desafíos en la investigación de 9 casos de delitos cometidos contra personas defensoras y periodistas alienta a fortalecer las fiscalías

Este informe es un detallado estudio de nueve casos que analiza las actividades investigativas llevadas a cabo, de acuerdo con la información contenida en sus respectivos expedientes de investigación, tres de ellos con sentencias condenatorias. Para este estudio, ONU-DH desarrolló una metodología de análisis de expedientes de investigación penal a través de la definición de 88 indicadores cualitativos, basados tanto en los estándares internacionales en materia de investigación criminal como en jurisprudencia e instrumentos jurídicos mexicanos, lo que permitió evaluar el cumplimiento de los principios generales de debida diligencia en la actuación de las fiscalías.

La ONU-DH presenta así un insumo técnico destinado a fortalecer las actuaciones de las fiscalías, en el marco de una amplia estrategia para favorecer la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México, que incluyó hace 4 años la elaboración de un diagnóstico sobre el Mecanismo de Protección. En lugar de buscar identificar patrones generalizados, el informe realiza un análisis profundo de cada uno de los nueve casos para ofrecer prácticas concretas, tanto positivas como negativas, que favorezcan la crítica constructiva y puedan orientar a las fiscalías y su personal en su actuar. Así, se identificaron buenas prácticas relacionadas con los procedimientos para: la inspección del lugar de los hechos; identificación de testigos y realización de entrevistas; obtención de videograbaciones; desarrollo de peritajes en distintos rubros de medicina forense, criminalística y balística; elaboración de dictámenes de mecánica de hechos; análisis de contexto; análisis jurídico de la conducta de amenazas; participación de víctimas y familiares; y otorgamiento de medidas cautelares de protección cuando fue pertinente.

Por otro lado, se identificaron omisiones, particularmente en lo relacionado con el cumplimiento de los principios de debida diligencia de oportunidad, competencia y exhaustividad, evidenciadas en: deficiencias en la preservación del lugar de los hechos; pérdida de videograbaciones por retrasos injustificados en su identificación y obtención; carencias en el seguimiento a solicitudes de diligencias; y que no se agotaron las líneas de investigación relacionadas con la labor de las víctimas o el potencial involucramiento de servidores públicos.

Durante el evento de presentación del informe, Rachel Brazier, Embajadora Adjunta del Reino Unido en México, recordó que el rol de los defensores de derechos humanos y los periodistas es fundamental en las sociedades democráticas y ofreció desde la Embajada Británica seguir trabajando de la mano para mejorar políticas y respuestas a crímenes en su contra. Mientras que Camelia Muñoz, periodista de Coahuila, expresó que “en México las y los periodistas se enfrentan a distintos tipos de ataques, la mayoría de los cuales quedan en la impunidad, en parte debido a la falta de voluntad política para realizar investigaciones”.

Por su parte, Jesús Peña Palacios, Representante Adjunto de la ONU-DH, destacó que “en México existe la capacidad en las fiscalías para realizar investigaciones conforme a los principios de debida diligencia de ahí el valor que tiene conocer las buenas prácticas e impulsar medidas, a través de las recomendaciones formuladas, para lograr que siempre se conjuguen los recursos, competencia y voluntad necesarias para cumplir con la obligación de investigar, juzgar y sancionar”.

Laura Cristina Acosta, Titular de la Unidad de Análisis de Contexto de la Fiscalía de Chihuahua, resaltó que “las técnicas de investigación, tales como el análisis de contexto, junto con la correcta implementación de una política de priorización de casos, juegan un papel determinante en las investigaciones criminales, particularmente en casos de actores sociales como personas defensoras y periodistas”.

Asimismo, Abel Barrera, Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, señaló “la urgencia de revertir los índices de impunidad a través de un proceso de fortalecimiento de las fiscalías conforme a las recomendaciones del informe”. Por su lado, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, Titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión​, saludó la publicación y manifestó el compromiso de continuar generando acciones positivas para el fortalecimiento de las capacidades de investigación especializada en casos de agresiones a periodistas por su labor.

Finalmente, la ONU-DH expresa su más profundo reconocimiento a quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo en México y agradece por la confianza depositada y por permitir acompañarles en su búsqueda por justicia. La ONU-DH confía en que este informe, así como sus recomendaciones, podrán contribuir a reforzar el acceso a la justicia para quienes han sufrido agresiones por informar y por defender los derechos humanos.

El informe se puede consultar en: https://bit.ly/BuenasPracticasyDesafios

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