La ONU-DH saluda la creación del Centro Nacional de Identificación Humana como parte de la respuesta a la crisis forense

Ciudad de México, (ONUDH).- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saluda la publicación el día de hoy del Decreto mediante el cual se reforma la Ley General en materia de desaparición de personas[1] que establece la creación del Centro Nacional de Identificación Humana (Centro Nacional).

En el reciente informe sobre su visita a México, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) expresó “su profunda preocupación ante la crisis forense a la que se enfrenta el país. Según los datos públicos, más de 52.000 personas fallecidas sin identificar yacen actualmente en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense. Esta cifra, a pesar de su magnitud, no incluye los cuerpos todavía no localizados, ni los miles de fragmentos de restos humanos que las familias y comisiones de búsqueda recogen semanalmente en las fosas clandestinas”.

Por su parte, el Representante en México de la ONU-DH, Guillermo Fernández-Maldonado, enfatizó: “decenas de miles de familias anhelan se esclarezca la suerte o el paradero de sus seres queridos. La larga incertidumbre que enfrentan no es compatible con la dignidad humana. Es urgente atender sus derechos y poner fin a su espera. Por ello, la iniciativa del Presidente de la República, aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión, constituye una noticia positiva y alentadora. De contar con los recursos necesarios, el Centro Nacional puede constituir una efectiva herramienta para atender las demandas sobre la búsqueda, la localización y la identificación de las personas desaparecidas que han fallecido, así como para el respeto y la restitución de sus restos”.

Una vez publicada la reforma, resulta fundamental que el marco normativo, bajo el cual actuará el Centro Nacional, se adopte garantizando plenamente el derecho a la participación de las familias, mismo que pudo potenciarse en el contexto de la elaboración de la modificación legislativa. De igual forma, que la institución naciente alcance sus objetivos dependerá de la apertura y colaboración de las fiscalías, los servicios forenses y otras instancias competentes, como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. La coordinación sistémica de todas las instituciones será imprescindible para materializar los objetivos de la Ley.

Para el adecuado abordaje de la crisis forense que enfrenta México, la ONU-DH alienta a las autoridades correspondientes a adoptar aquellas herramientas previstas en la Ley general que, a más de cuatro años de distancia, aún no han sido emitidas, tales como el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas y el Programa Nacional de Exhumaciones.

La creación del Centro Nacional es una ocasión propicia para reiterar la necesidad de que el Estado mexicano en su conjunto adopte e implemente medidas eficaces para prevenir, investigar y sancionar la desaparición de personas, así como para asegurar la búsqueda en vida y la reparación integral de las víctimas. Las recientes recomendaciones del CED constituyen una hoja de ruta para enfrentar la tragedia que enfrenta México en esta materia.

Finalmente, la ONU-DH saluda el esfuerzo y dedicación de las familias, los colectivos de víctimas y sus acompañantes, así como la diligencia y compromiso de aquellas autoridades que han impulsado la creación del Centro Nacional y otras instituciones de similar naturaleza. La ONU-DH reitera su disposición para seguir acompañando los esfuerzos del Estado mexicano para superar el flagelo de la desaparición de personas en México.

Fin

Para más información y solicitudes de prensa, contacte a Tania García Galván Tel: +5255 5061 6374, cel. +52 1 55 5438 1729 / tania.garciagalvan@un.org

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[1] Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, aprobada en 2017.